La ola de violencia desatada este lunes en Colombia, con más de 20 atentados terroristas y al menos ocho personas asesinadas, generó reacciones inmediatas en Ecuador, donde el Gobierno decretó estado de excepción en Quito y otras siete provincias ante el riesgo de que la situación se extienda a territorio ecuatoriano.
El ataque más grave fue el intento de asesinato contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, atribuido por autoridades a disidencias de las FARC. Las autoridades señalaron que el autor material sería un menor de edad, lo que desató una fuerte controversia política y social en ambos países.
En este contexto, varios analistas y figuras públicas ecuatorianas debatieron sobre el impacto regional del atentado, la instrumentalización política de menores de edad por grupos armados y los paralelismos con la violencia sufrida en Ecuador, particularmente con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Andrea González Nader, excandidata a la presidencia de Ecuador y compañera de fórmula de Villavicencio, advirtió que “estos atentados contra la democracia ya no son hechos aislados, se han convertido en un modus operandi en la región”. En su opinión, el atentado contra Uribe “revive el dolor” vivido por los ecuatorianos con la muerte de su compañero y demuestra que el crimen organizado ha penetrado profundamente en la política latinoamericana.
González también criticó la narrativa que —según dijo— imponen tanto sectores de izquierda como de extrema derecha: “No se trata de una izquierda asesina, sino de lo que hizo el socialismo del siglo XXI al sentarse con las FARC, con el ELN, a hablar de una paz que en realidad fue un secuestro prolongado del país”. Afirmó que hoy “los jóvenes son utilizados como soldados por la guerrilla desde pequeños, y una vez que matan, ya no son niños, son asesinos”.
Luis Portalanza, abogado penalista y exasesor de criminalística de la Policía ecuatoriana, consideró que el hecho debe ser una lección: “No estamos en un momento en que se puede simplemente perdonar y olvidar. Podemos perdonar, sí, pero nunca debemos olvidar”. Subrayó que la debilidad institucional y la impunidad son factores que alientan la repetición de estos crímenes.
Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio y directora de la Fundación que lleva su nombre, calificó el atentado contra Uribe como “una sacudida al corazón”. “Nos ha tocado revivir lo que hemos sufrido desde el crimen de mi padre. Hay paralelismos muy claros: el crimen organizado ha infiltrado a la política, y la violencia ya no tiene fronteras”, señaló. Llamó a una cooperación más firme entre Colombia y Ecuador para frenar el avance del crimen trasnacional.
El exvicepresidente de Colombia Francisco Santos también alertó que la situación en su país podría tener un efecto dominó en la región: “Lo que pasó ayer en Colombia no solo refleja la impunidad con la que operan las disidencias de las FARC. También muestra el vacío de autoridad que enfrenta el país, donde ni siquiera hay una condena clara por parte del presidente Petro al atentado contra un senador”.
La respuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, también fue cuestionada. En una breve declaración, dijo que “la vida de la víctima está en buenas manos” y que el presunto atacante, por ser un menor de edad, debe ser protegido por la ley. Esta postura generó una oleada de críticas por lo que se interpretó como una falta de empatía y firmeza ante un acto terrorista.
La situación ha generado temor de un efecto contagio en Ecuador, que atraviesa también una etapa crítica por la violencia del crimen organizado, especialmente tras el asesinato de Villavicencio. El Gobierno ecuatoriano ha reforzado medidas de seguridad en la frontera norte y decretó estado de excepción en ocho provincias, entre ellas Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi.
Mientras tanto, crece la preocupación sobre el uso político de las redes sociales y la proliferación de campañas de desinformación en torno a los atentados. Andrea González advirtió sobre el rol de las “granjas de trolls” en la red X (antes Twitter), que —según dijo— “tratan de imponer una lectura ideologizada de los hechos, desviando la atención de lo que realmente importa: la justicia y la seguridad”.
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