La Asamblea Nacional aprobó este martes 10 de junio la nueva Ley de Inteligencia, una normativa que ha generado fuertes cuestionamientos desde el ámbito legal y constitucional. Para el abogado penalista Ramiro García, esta ley, al igual que la reciente Ley de Solidaridad, incurre en serios vicios de inconstitucionalidad.

“El gobierno está repitiendo una receta tributaria, penal y autoritaria que no tiene sentido. Estamos volviendo a prácticas que los regímenes democráticos modernos deberían evitar”, advirtió García en entrevista.

Entre los puntos más preocupantes de la ley, García destaca que se otorgan facultades al sistema de inteligencia para acceder a información sin orden judicial, algo que, según él, “se come todos los controles judiciales y las garantías constitucionales”.

“Con esta ley, el Ejecutivo podrá allanar casas, intervenir teléfonos y detener personas sin autorización judicial previa. Y lo peor: con policías blindados por una amnistía anticipada”, dijo.

Sin freno judicial

El experto sostiene que la ley permite la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia “opaco, con definiciones tan amplias sobre qué constituye una amenaza, que podrían aplicarse arbitrariamente”. A eso se suma —añade— la clasificación de información como reservada sin ningún control externo, lo que impide la rendición de cuentas.

También advirtió sobre la militarización del sistema, pues se otorga el control operativo a instituciones armadas, dejando de lado una estructura civil e independiente, fundamental para el equilibrio democrático.

Para García, otro foco de alarma son los llamados “gastos especiales” o reservados, similares a los que se usaron en los años noventa y que terminaron en escándalos de corrupción.

“Estamos volviendo a un modelo donde el dinero del Estado se usa sin dejar rastro y sin fiscalización real. Eso solo puede terminar mal”, aseguró.