La Casa Blanca lanzó un firme mensaje de advertencia tras las intensas protestas que se desarrollan en Los Ángeles en rechazo a los operativos migratorios federales. En una declaración enérgica, la portavoz presidencial Karoline Leavitt afirmó que el gobierno “no permitirá que una turba gobierne” y defendió el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump para contener los disturbios.

“Preservar la ley y el orden es la responsabilidad más básica del gobierno, y esta administración está decidida a cumplirla”, sostuvo Leavitt ante la prensa, marcando el tono del Ejecutivo frente a una creciente ola de movilizaciones que ha derivado en enfrentamientos con las fuerzas federales.

Las manifestaciones se intensificaron luego de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que incluyeron redadas masivas y detenciones de inmigrantes indocumentados en distintos puntos de la ciudad.

La respuesta federal fue inmediata: más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina fueron desplegados en Los Ángeles, sin autorización del gobernador de California, Gavin Newsom. La medida ha generado fuertes tensiones entre la administración Trump y las autoridades estatales y locales.

Durante las protestas, se reportaron gases lacrimógenos, enfrentamientos directos y la detención de al menos 200 personas. El uso de la fuerza ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos opositores.

El gobernador Newsom denunció que el envío de tropas constituye una “grave violación a la soberanía estatal” y anunció acciones legales contra el gobierno federal. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también rechazó el despliegue militar y defendió el derecho a la protesta pacífica.

Pese a las críticas, el presidente Trump ha dejado abierta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, una herramienta legal que permitiría al Ejecutivo federal intervenir con tropas ante lo que considere actos de insurrección.

Las manifestaciones continúan y el ambiente en Los Ángeles sigue siendo tenso. Mientras tanto, la confrontación entre el gobierno federal y las autoridades locales anticipa una batalla política y legal de alto impacto, con posibles repercusiones en todo el país.

La Casa Blanca reafirma su postura de mano dura, mientras los líderes estatales buscan frenar lo que califican como una intervención inconstitucional. El conflicto, en plena efervescencia, abre un nuevo capítulo en la ya polarizada escena política estadounidense.