La Asamblea Nacional aprobó con 92 votos la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la conectividad en zonas rurales y de frontera, así como garantizar mayor seguridad jurídica en el sector.

Entre los principales cambios consta la modificación del artículo 39, que establece un nuevo régimen de autorización para que las empresas públicas puedan ofrecer servicios de telecomunicaciones bajo control de la ARCOTEL. También se reformó el artículo 91, que dispone que el 1 % de la facturación de las operadoras financie proyectos de conectividad. Si estos recursos no son ejecutados, se destinarán al sector educativo.

Otra reforma clave es la incorporación del artículo 116.1, que fija plazos de prescripción en los procesos sancionadores, con el fin de transparentar la gestión administrativa.

La Comisión de Desarrollo Económico también recomendó allanarse parcialmente a las objeciones del Ejecutivo respecto a los artículos 39 y 91, aceptando los ajustes propuestos para reforzar el rol del Estado en la regulación del sector y precisar los mecanismos de inversión en la brecha digital.

Con estas reformas, el Parlamento busca sentar las bases de una política pública de telecomunicaciones que garantice acceso universal, equitativo y técnicamente sustentable, especialmente en sectores históricamente marginados. La iniciativa se convierte en la ley número 56 aprobada en el actual período legislativo.