El presidente Donald Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional y unidades del Cuerpo de Marines a la ciudad de Los Ángeles, en respuesta a las intensas protestas desatadas por los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión, tomada sin el consentimiento del gobernador de California ni de la alcaldía local, ha generado un amplio rechazo político e institucional.

El despliegue, que contempla la presencia de aproximadamente 4.000 miembros de la Guardia Nacional y al menos 700 marines, se fundamenta en el Título 10 del Código de los Estados Unidos, que permite al Ejecutivo federal asumir el control directo de las fuerzas militares en circunstancias excepcionales. Las tropas fueron enviadas con la misión de “proteger instalaciones federales y garantizar el orden público”, según confirmó el Departamento de Defensa.

La intervención federal fue activada tras las jornadas de disturbios ocurridas en varios puntos del condado de Los Ángeles, especialmente en zonas como Paramount y Compton. Las manifestaciones, convocadas por organizaciones comunitarias en rechazo a las redadas del ICE, derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, daños a la propiedad y cortes de vía.

El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, rechazaron enérgicamente la intervención militar, calificándola de “invasión federal injustificada” y advirtieron que se trata de un precedente peligroso. Ambos anunciaron acciones legales para frenar el despliegue, argumentando que no se solicitó el apoyo militar y que su uso contradice las normas constitucionales.

Organizaciones de derechos civiles también han expresado su preocupación por la militarización del conflicto migratorio, alertando sobre posibles abusos de poder y restricciones a la protesta pacífica.

El operativo federal, previsto inicialmente para un periodo de 60 días, implicará un gasto aproximado de 134 millones de dólares, según estimaciones del Pentágono. Mientras tanto, el gobierno de Trump defiende su decisión como una medida necesaria para “recuperar el control y proteger la soberanía nacional”.

La situación plantea un nuevo pulso entre el Ejecutivo federal y el Estado de California, y vuelve a poner en debate los límites del poder presidencial en contextos de conflicto interno. La permanencia de las tropas y la legalidad del despliegue podrían quedar en manos de los tribunales en las próximas semanas.