Daniel Noboa encabezó en Guayaquil una sesión extraordinaria del gabinete de seguridad, con el objetivo de evaluar los avances del denominado Bloque de Seguridad y reforzar las acciones estatales frente a la delincuencia organizada.

Durante el encuentro, se analizó la extensión del estado de excepción en ocho provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana, Sucumbíos y Pichincha. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la medida se prorrogará por 30 días, destacando que es “fundamental para las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en territorios clave”.

Uno de los temas centrales fue la reincidencia delictiva y la liberación de personas detenidas por crímenes graves. Reimberg anunció que se sumará a las mesas técnicas con el Consejo de la Judicatura para evitar que los procesados salgan en libertad sin cumplir con procesos rigurosos. “Los ecuatorianos están cansados de que la Policía y las FF.AA. cumplan su trabajo y los delincuentes salgan inmediatamente. No hay más tolerancia”, subrayó.

En este contexto, el Gobierno enfatizó que los delitos como asesinato, secuestro, narcotráfico y sicariato no deben beneficiarse de medidas sustitutivas. Además, se reiteró la necesidad de aplicar con firmeza la Ley de Solidaridad Nacional, que busca agravar las penas y cerrar espacios a la impunidad.

El gabinete también abordó mejoras operativas. En el sector de Nueva Prosperina, uno de los más conflictivos de Guayaquil, se inauguró una nueva Unidad de Policía Comunitaria. Según Reimberg, más de 200 agentes ya están recibiendo mejores condiciones de habitabilidad, y se prevé la construcción de nuevas instalaciones similares para ampliar la presencia del Estado en territorios controlados por grupos criminales.

Con esta reunión, el Ejecutivo reafirma su compromiso con una política de seguridad de “tolerancia cero” a la criminalidad, en un contexto de creciente demanda social por acciones firmes y sostenidas frente al crimen organizado.