Ante el aumento de críticas y dudas sobre el funcionamiento del sistema judicial en Ecuador, el Ministerio del Interior aceptó ayer la invitación del Consejo de la Judicatura para conformar una mesa de trabajo interinstitucional que aborde la lucha contra la criminalidad en el país.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, calificó esta decisión como un “buen gesto” del gobierno y un paso inicial para articular esfuerzos entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.

Godoy explicó que la mesa buscará coordinar acciones conjuntas entre la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado para mejorar los procesos en la lucha contra el crimen organizado. La Fiscalía, representada por el fiscal Dr. Toinga, también estaría convocada a sumarse.

El presidente del Consejo hizo énfasis en la problemática interna de la justicia: desde que asumió el cargo en julio de 2024, 89 servidores judiciales han sido sancionados a nivel nacional, incluyendo jueces, fiscales, asistentes y secretarios. En particular, 45 jueces han sido destituidos por diferentes provincias, con mayores cifras en Los Ríos, El Oro y Guayas.

Godoy señaló que una auditoría interna ya está en marcha para detectar irregularidades y el “espíritu de cuerpo” que, según él, provoca que algunos servidores judiciales se protejan entre sí para evitar sanciones.

Uno de los puntos más críticos que afectan la lucha contra la criminalidad son los llamados “errores procesales”, que en muchos casos permiten que delincuentes sean liberados rápidamente y vuelvan a delinquir. Ejemplificó el caso de alias “Cocacho”, captado secuestrando a una mujer y que fue liberado pese a las evidencias.

¿Dónde está la falla?

Según Godoy, las fallas pueden estar en distintas etapas del proceso penal:

• Si el parte policial está mal elaborado, el fiscal carece de elementos para presentar el caso ante un juez.
• Si el fiscal no actúa correctamente con un parte bien elaborado, el juez no puede tomar medidas.
• Si el juez no toma decisiones acordes a la realidad procesal, se generan problemas que afectan la credibilidad y la efectividad del sistema.

En este sentido, destacó que el dueño de la acción penal es la Fiscalía, pero el Consejo de la Judicatura tiene competencia para intervenir en el ámbito administrativo para garantizar la independencia judicial y sancionar irregularidades.

Hasta el día de ayer, se registraron 18,712 causas ingresadas, de las cuales 12,802 corresponden a flagrancia. El porcentaje de causas no flagrantes llega al 31.58%, que son las que, según Godoy, presentan más problemas en la elaboración de partes policiales.

Por eso, la mesa técnica buscará implementar capacitaciones para la policía, la judicatura y la Fiscalía, con el fin de mejorar la calidad de los informes policiales y la coordinación interinstitucional.