‘Ley de Solidaridad ofrece protección jurídica a los militares y policía’

Jun 10, 2025

La Asamblea Nacional dio luz verde a la Ley de Solidaridad Nacional, una norma que busca fortalecer el marco jurídico para enfrentar con mayor contundencia a los grupos armados organizados que operan en Ecuador. Así lo analizó el abogado penalista Nino Casanelo en una entrevista en la que destacó la importancia de esta legislación para hacer frente a la compleja situación de seguridad que atraviesa el país.

Casanelo señaló que la ley reconoce un escenario de conflicto armado no internacional, alineándose con las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, lo que permitirá al Estado procesar de manera más ágil delitos relacionados con estas estructuras, como terrorismo, tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferrismo.

“El país está en un momento difícil y esta norma responde a la necesidad de que el Estado se haga presente con fuerza, dando un respaldo explícito a las Fuerzas Armadas para actuar bajo el marco del uso legítimo de la fuerza”, explicó el experto. Según Casanelo, la ley ofrece protección jurídica a los militares y policías que actúen en este contexto, incluso en casos de uso excesivo de la fuerza, siempre bajo un procedimiento judicial especial y la declaración oficial de conflicto armado no internacional mediante decreto ejecutivo.

Además, la ley impulsa la creación de unidades judiciales especializadas y establece nuevos procedimientos para acelerar los procesos penales relacionados con estos delitos. “Esto implica una transformación profunda en la justicia penal, con jueces especializados y la posibilidad de aumentar las penas para quienes lideren estas organizaciones delictivas”, añadió Casanelo.

Finalmente, Casanelo resaltó la importancia de la coordinación entre las distintas instituciones del Estado, la Fiscalía, el Ejecutivo y los gobiernos locales para asegurar la efectividad de esta ley, que marca un nuevo rumbo en la estrategia estatal contra el crimen organizado.

“Es un desafío que demanda unidad institucional y compromiso ciudadano para que en los próximos meses se puedan ver resultados concretos que nos permitan avanzar hacia la paz y la seguridad que Ecuador necesita”, concluyó.



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