En la Asamblea Nacional se realizará el segundo debate de la polémica Ley de Inteligencia, una normativa que ha generado preocupación por posibles contradicciones con derechos constitucionales, principalmente sobre la inviolabilidad de la correspondencia y la privacidad de datos personales.

El asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera, participó en el programa Ecuavisa para explicar el alcance y los debates que rodean esta ley. Según el legislador, aunque hay inquietudes legítimas, el proyecto mantiene el respeto a la Constitución, pues el acceso a información sensible —como interceptaciones telefónicas o documentos personales— requerirá siempre una orden judicial previa, tal como lo establece el artículo 66 de la Carta Magna.

“Esta ley no contraviene la Constitución; garantiza que los organismos de inteligencia cumplan con las disposiciones legales vigentes y el respeto a los derechos ciudadanos”, afirmó Vera, quien recordó que él fue parte activa en la comisión que discutió el proyecto.

Sin embargo, reconoció que algunas disposiciones de la ley pueden prestarse a interpretaciones confusas, por lo que el Partido Social Cristiano propondrá votar en bloques para clarificar y asegurar que no se vulneren derechos.

Otro punto de crítica es el perfil de quienes dirigirán el sistema nacional de inteligencia. Otto Vera cuestionó que no se establezcan requisitos claros para ocupar cargos claves en esta área, lo que podría permitir nombramientos sin la debida experiencia o formación, algo que confían pueda ser corregido mediante reglamentos o veto parcial del Ejecutivo.

En cuanto a la inmunidad que tendrán los funcionarios de inteligencia, el asambleísta explicó que si bien deben gozar de protección para realizar su labor en condiciones de seguridad, esto no significa impunidad frente a eventuales irregularidades o violaciones de derechos humanos.

Respecto a las preocupaciones expresadas por policías y militares sobre la centralización de la inteligencia y la legalidad de interceptaciones o apertura de documentación, reiteró que todo debe hacerse bajo orden judicial y cumpliendo la ley, con consecuencias legales para quienes actúen fuera de la norma.

Finalmente, sobre el manejo y control de los recursos asignados al Centro de Inteligencia Estratégica, el legislador aseguró que cada tres meses la Contraloría General del Estado revisará los gastos, aunque la documentación sometida a reserva será destruida tras la auditoría para proteger la seguridad de las operaciones.

“Esta ley es un paso innovador para prevenir delitos contra las familias ecuatorianas y el Estado, y aunque tiene aspectos perfectibles, brinda herramientas importantes para fortalecer la seguridad nacional”, concluyó Otovera.