Constitucionalista Jorge Alvear y penalista Daniel Kuri coinciden en que se requieren reformas profundas y un sistema de justicia transparente para impedir que delincuentes sean liberados por decisiones judiciales cuestionables.

En medio de la creciente indignación ciudadana por la liberación de personas vinculadas a delitos graves, el llamado a una depuración del sistema judicial en Ecuador se vuelve cada vez más urgente. La reciente masacre de cuatro comerciantes, cuyos familiares responsabilizan directamente a fiscales y jueces por su liberación previa, ha intensificado el clamor por justicia.

“Mientras no tengamos una forma objetiva de manejar la integración de la función judicial, lo que haremos es retroceder”, advirtió el constitucionalista Jorge Alvear Macías durante una entrevista con el periodista Alfredo Pinoargote. Alvear recordó que reformas estructurales a la Constitución, como endurecer la aplicación de medidas cautelares, solo pueden realizarse a través de una asamblea constituyente, pues la actual carta magna limita cualquier intento que implique restricciones a derechos fundamentales.

Por su parte, el penalista Daniel Kuri consideró que la Asamblea Nacional “hace lo que puede” dentro del estrecho margen que le da la Constitución. No obstante, reconoció que “tendríamos que ir a una constituyente” si se desea realizar una transformación profunda que permita enfrentar de forma efectiva la inseguridad y la impunidad judicial.

El diagnóstico de ambos juristas coincide con las declaraciones del ministro del Interior, quien días atrás reconoció la necesidad de una reforma profunda y sanciones ejemplares dentro de la propia Policía Nacional, así como en las demás instituciones del sistema de justicia: “Esta semana sacamos a cuatro policías por actos indebidos. Lo mismo debe pasar en Fiscalía y en el Poder Judicial. Necesitan una depuración”.

En ese contexto, Alvear señaló que el Consejo de la Judicatura, encargado de seleccionar y evaluar a los jueces, ha incumplido con sus obligaciones básicas: “Está pendiente el reglamento para elegir a los jueces de la Corte Constitucional, de las cortes provinciales y de primer nivel. También se arrastra un retraso de más de dos años en la evaluación de jueces y funcionarios judiciales”.

Además, cuestionó la inestabilidad interna del Consejo: “Han cambiado nueve subdirectores de asesoría jurídica, ocho de la escuela judicial, y seis directores de talento humano en menos de un año. Así no se puede avanzar”.

Tanto Alvear como Kuri coincidieron en que el país no puede permitirse más errores judiciales que faciliten la liberación de delincuentes. “Hay dolor en las familias de las víctimas, y eso debe importar más que las pugnas entre fiscales y jueces”, expresó Kuri.

Mientras tanto, continúan las tensiones entre instituciones del Estado. Un reciente comunicado del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, invitó a la Fiscalía y al Ministerio del Interior a unir esfuerzos para mejorar la cooperación. Sin embargo, el trasfondo revela una grave desconexión institucional que pone en jaque la efectividad del sistema judicial en su conjunto.

La ciudadanía, por su parte, sigue exigiendo justicia. “La conciencia de los operadores de justicia tiene sobre sí la muerte de muchos inocentes”, expresó un familiar de una de las víctimas frente a un cuartel policial. “Nosotros como pueblos indígenas también estamos organizados. No vamos a callar”.