Con el mínimo requerido de 77 votos, la Asamblea Nacional aprobó este martes la Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que ha generado fuertes cuestionamientos por su alcance y por el apoyo dividido dentro de las propias bancadas legislativas.

La votación, que se resolvió con exactitud milimétrica, evidenció fracturas internas en varias fuerzas políticas. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) votó en bloque a favor del proyecto, al igual que cuatro legisladores del movimiento Pachakutik y varios independientes. Uno de los apoyos más polémicos fue el del legislador Jesús David Arias, quien tras su voto favorable fue expulsado de la bancada de Revolución Ciudadana.

La ley, impulsada por el Ejecutivo, crea un Sistema Nacional de Inteligencia compuesto por siete subsistemas, que incluyen áreas como la militar, policial, penitenciaria y financiera. Pero lo que ha despertado mayor preocupación es que permite el acceso a información privada sin orden judicial previa, la emisión de identidades falsas para agentes de inteligencia a través del Registro Civil y la posibilidad de interceptar documentos físicos y digitales sin autorización judicial.

También se establece que los gastos reservados vinculados a actividades de inteligencia no podrán ser auditados en su totalidad por la Contraloría, que estaría obligada a destruir ciertos informes una vez revisados, en aras de preservar la confidencialidad de las operaciones.

Las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano rechazaron el proyecto por considerar que vulnera derechos constitucionales. El asambleísta Alfredo Serrano calificó como “gravísimo” que se puedan abrir comunicaciones privadas sin autorización judicial.

Pachakutik también mostró división interna. Mientras algunos de sus integrantes votaron a favor del proyecto, otros optaron por abstenerse en señal de protesta. Esta situación generó tensiones dentro del bloque, que había anticipado una postura unificada en contra de la ley.

Durante el debate, la ponente de la norma, Inés Alarcón (ADN), defendió el proyecto señalando que se trata de una herramienta clave para fortalecer la seguridad nacional y que no representa una amenaza para los derechos ciudadanos, ya que está enmarcada en lo que establece la Constitución.

La normativa fue aprobada en un solo bloque, sin votación por artículos, lo que limitó la posibilidad de modificar puntos sensibles. Ahora, la ley pasará al Ejecutivo para su promulgación o eventual veto, aunque hasta el momento el presidente no ha adelantado si hará observaciones.