El senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado armado durante un acto político en el parque El Golfito, en la zona de Modelia, occidente de Bogotá. El ataque ocurrió cuando Uribe se dirigía a simpatizantes y recibió al menos tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza y uno en la pierna. Fue trasladado de inmediato a la Clínica Fundación Santa Fe, donde permanece en estado crítico tras varias intervenciones quirúrgicas.

El atacante, un menor de edad de entre 14 y 15 años, fue capturado en el lugar por la Policía Nacional luego de un breve cruce de disparos con los escoltas del senador. Según su testimonio, habría recibido órdenes de cometer el crimen a cambio de dinero, supuestamente por parte de un hombre conocido en el sector por vínculos con redes criminales.

El hecho generó alarma nacional, no solo por el uso de un menor en un intento de magnicidio, sino también por la revelación de que el esquema de seguridad de Uribe fue reducido de siete a tres agentes el mismo día del atentado. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, quien calificó la situación como “extraña” y aseguró que será objeto de una investigación profunda por parte de la Procuraduría y la Fiscalía.

A raíz del atentado, el Gobierno ordenó reforzar las medidas de seguridad de todos los aspirantes presidenciales. El Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunciaron nuevos protocolos y destacaron la actuación de uno de los escoltas, quien logró herir al atacante e impedir que escapara.

Organismos internacionales como la OEA, líderes políticos y diferentes sectores sociales condenaron el atentado, señalando que se trata de un grave atentado contra la democracia colombiana. En el Congreso, las sesiones fueron suspendidas en señal de solidaridad, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar si detrás del agresor hay una estructura criminal con intereses políticos.

La familia de Uribe, así como su movimiento político, exigen respuestas claras y garantías para que el proceso democrático se desarrolle sin violencia ni intimidación.