El pleno de la Asamblea Nacional se prepara para debatir el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que ha encendido las alarmas en diversos sectores por el alcance de sus disposiciones y el posible impacto sobre los derechos ciudadanos.

La propuesta, impulsada por el oficialismo y tramitada durante cuatro años, busca crear un Sistema Nacional de Inteligencia compuesto por siete subsistemas: militar, policial, financiero, tributario, penitenciario, aduanero y de análisis económico. La iniciativa fue aprobada en segundo debate por la Comisión de Seguridad, con seis votos a favor y cuatro en contra, y ahora espera el pronunciamiento definitivo del Legislativo.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la posibilidad de que organismos de inteligencia accedan a información de operadoras telefónicas —incluyendo datos históricos, geolocalización y comunicaciones en tiempo real— sin necesidad de una orden judicial. A esto se suma la autorización para interceptar correspondencia y examinar documentos, siempre bajo el argumento de preservar la seguridad del Estado.

El texto también contempla la entrega de identidades especiales para agentes de inteligencia y contrainteligencia, cuya gestión estaría a cargo del Registro Civil. Además, se creará un fondo público para gastos especiales, cuyos informes podrán ser incinerados tras su revisión por la Contraloría, en aras de mantener su confidencialidad.

Otro aspecto que ha generado preocupación es la obligación impuesta a personas naturales, empresas privadas e instituciones públicas de cooperar con el sistema de inteligencia, suministrando información de manera gratuita y segura cuando sea requerida.

En el ámbito político, el oficialismo ha defendido el proyecto como una herramienta urgente frente al avance del crimen organizado. El vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo, argumentó que la destrucción de informes reservados responde a estándares internacionales en materia de inteligencia.

No obstante, la oposición advierte sobre el debilitamiento de los controles democráticos. El hecho de que solo la Comisión de Seguridad —de mayoría oficialista— pueda fiscalizar el sistema ha sido duramente criticado. El asambleísta Cristian Benavides señaló que varias disposiciones podrían ser consideradas inconstitucionales por afectar derechos fundamentales como la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.

Con el respaldo del bloque oficialista ADN y la oposición dividida, el futuro de la ley será definido en los próximos días en el pleno de la Asamblea. Mientras tanto, el debate público continúa, marcado por una tensión creciente entre las necesidades de seguridad y las garantías democráticas.