La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió archivar la solicitud de juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, pese a las denuncias de omisión de funciones en el caso de la desaparición y asesinato de cuatro menores en la comunidad shuar de Las Malvinas, en Morona Santiago. La decisión fue impulsada por la mayoría oficialista, con respaldo de aliados estratégicos.

El pedido de interpelación fue promovido por la bancada de Revolución Ciudadana, que responsabiliza al ministro por no haber adoptado medidas efectivas tras la operación militar que antecedió a la desaparición de los adolescentes. El bloque correísta cuestionó además la ausencia del ministro en comparecencias solicitadas por la Asamblea y su negativa a permitir el acceso de la exvicepresidenta Verónica Abad a su despacho cuando esta asumió funciones presidenciales temporales.

La moción para calificar el juicio obtuvo solo cuatro votos a favor —todos de Revolución Ciudadana— mientras que seis votos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), junto a un legislador de Pachakutik, bloquearon el trámite. Con esta votación, el expediente fue archivado y remitido al Pleno para conocimiento, sin posibilidad de continuar con el proceso de interpelación.

El oficialismo ha defendido al ministro Loffredo alegando que no existen elementos jurídicos que configuren una falta grave en el cumplimiento de sus funciones y que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía en el ámbito penal. No obstante, para la oposición, la Asamblea ha renunciado a su responsabilidad de fiscalización al no asumir un rol político en un caso de alta sensibilidad nacional.

Desde Revolución Ciudadana se advirtió que la negativa a calificar el juicio responde a un blindaje político para proteger al Gobierno y a su ministro de Defensa, en medio de una creciente preocupación ciudadana por el uso excesivo de la fuerza y las actuaciones de las Fuerzas Armadas bajo el régimen de excepción.

El caso Las Malvinas, que involucra a 16 militares procesados, ha desatado un debate más amplio sobre la actuación de la fuerza pública en comunidades indígenas y zonas vulnerables. La resolución adoptada por la Comisión de Fiscalización confirma la correlación de fuerzas en el Legislativo, donde el oficialismo ha consolidado una mayoría que condiciona el avance de procesos de control político.