El proyecto de Ley de Inteligencia, una de las propuestas más controvertidas del actual periodo legislativo, volverá al Pleno de la Asamblea Nacional sin modificaciones de fondo, pese a las observaciones de organizaciones sociales y expertos en derechos humanos. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el informe para segundo debate con seis votos a favor.

Aunque el texto ha sido duramente cuestionado por posibles afectaciones a derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión, la comisión legislativa decidió no introducir reformas sustanciales. Entre los puntos más sensibles del proyecto están las facultades para interceptar comunicaciones, ampliar el concepto de amenazas internas y fortalecer las capacidades operativas del sistema nacional de inteligencia.

Los críticos del proyecto sostienen que estas medidas podrían abrir la puerta a abusos de poder y vigilancia indebida. Desde la sociedad civil se ha pedido que el texto sea replanteado para garantizar que la seguridad nacional no se imponga sobre los derechos ciudadanos.

Sin embargo, los asambleístas que respaldan la iniciativa argumentan que el país necesita herramientas más robustas para enfrentar al crimen organizado y proteger la institucionalidad del Estado. Insisten en que el proyecto contiene mecanismos de control y supervisión adecuados para evitar excesos.

Ahora, el destino del proyecto queda en manos del Pleno de la Asamblea, donde será debatido en los próximos días. La sesión promete ser tensa, con bloques legislativos divididos entre la necesidad de fortalecer la seguridad y la defensa de los derechos fundamentales.

El resultado de la votación marcará no solo el futuro de la Ley de Inteligencia, sino también el tono de la política de seguridad que adoptará Ecuador en los próximos años.