El Ejecutivo mantiene conversaciones paralelas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar tres desembolsos adicionales fijados en el acuerdo de crédito vigente, que totalizan aproximadamente USD 1 250 millones durante este año.

Actualmente, Ecuador aguarda la aprobación por parte del organismo multilateral del primer desembolso del año, estimado entre USD 410 y 415 millones. Originalmente previsto tras las elecciones de abril, este proceso aún está en revisión .

El calendario oficial establece dos revisiones adicionales: una en junio y otra en noviembre. Cada una desencadenaría desembolsos similares, siempre que se cumplan las metas definidas en el programa económico pactado en abril de 2024 por un total de USD 4 000 millones .

Entre los objetivos cuantitativos están la reducción del déficit fiscal, la disminución de atrasos en pagos y el fortalecimiento de las reservas internacionales. En el plano cualitativo, se busca automatizar pagos, actualizar la deuda con el IESS, fortalecer el control y transparencia en auditorías a empresas públicas, así como avanzar en reformas al sistema de tasas de interés .

No obstante, el contexto ha cambiado significativamente desde 2024: una aguda crisis eléctrica, recesión económica y menor recaudación impactaron las condiciones previstas. Además, el incremento del gasto público durante la campaña por la reelección alejó al Gobierno de las metas de reducción de déficit .

En respuesta, el Gobierno anunció medidas para recuperar disciplina fiscal. Estas incluyen recortes al subsidio al diésel (con un ahorro estimado de USD 42 millones anuales), un nuevo impuesto a la minería para recaudar unos USD 200 millones, y aumento de tarifas eléctricas en sectores de alto consumo, generando alrededor de USD 256 millones adicionales .

Además, se han iniciado auditorías a empresas públicas estratégicas —Petroecuador, Celec y CNEL— y se promueve la apertura del catastro minero, con el fin de atraer inversión y transparencia. El Ejecutivo también ha impulsado proyectos de ley orientados a fortalecer la fiscalización y combatir prácticas corruptas en contrataciones públicas .

El FMI ha valorado el “excelente progreso” logrado hasta la fecha, especialmente en el ámbito técnico, aunque aún no se confirma la aprobación definitiva de la segunda revisión que permitiría el desembolso de USD 410 millones .

En síntesis, el Gobierno busca sostener el apoyo financiero multilateral mediante una estrategia que combina ajustes fiscales, reformas estructurales y fortalecimiento institucional, en un contexto marcado por intensas presiones internas y externas. El éxito de estas iniciativas será determinante para la continuidad del programa y la estabilidad económica durante su nuevo periodo de gestión.