El decreto presidencial número 21, emitido el pasado jueves, declara como prioridad nacional la erradicación del reclutamiento de menores por parte de grupos armados y organizaciones criminales. La medida, impulsada tras varios reportajes que evidenciaron la existencia de una generación de “niños de la mafia”, contempla la creación de un comité conformado por 17 delegados de instituciones como la Vicepresidencia, los ministerios del Interior, de Salud, y el MIES. Tendrán 12 días para su conformación y deberán reunirse mensualmente durante los primeros seis meses.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, valoró el anuncio como un avance en visibilizar el problema, aunque advirtió que el éxito dependerá de una articulación real entre el Estado y la sociedad civil. “No es un tema menor. Afecta a niñas, niños y adolescentes, grupos de atención prioritaria. Pero esto no puede ser un esfuerzo disperso; requiere trabajo focalizado y articulado, sobre todo en la Costa, donde el fenómeno es más fuerte”, enfatizó en entrevista con Contacto Directo.

Navarrete insistió en que el comité debe incluir también a gobiernos locales, organizaciones comunitarias y la academia, sectores que ya han desarrollado iniciativas valiosas. “No partimos de cero. Hay pilotos de recuperación de territorios, experiencias en escuelas seguras y protectoras. Pero faltó voluntad política para concretarlas”, señaló.

Sobre el presupuesto, fue tajante: “El decreto dice que las instituciones usarán recursos disponibles, pero veamos cuánto tiene el MIES o el Ministerio de la Mujer. No alcanza. Se necesita una inversión estatal real. Si es una prioridad nacional, debe tratarse como tal”.

Respecto a la rehabilitación de niños ya involucrados en el crimen, incluso en casos extremos, Navarrete fue claro: “No hay niños irrecuperables. La rehabilitación social es un derecho humano. Con el tratamiento adecuado, incluso un niño sicario o descuartizador puede ser rescatado”.

Finalmente, planteó la posibilidad de crear una tasa o aportación específica para financiar programas de rescate y prevención, con vigilancia sobre el uso efectivo de esos fondos. “Se necesita dinero, sí, pero también transparencia y resultados que impacten en la vida de los más vulnerables”, concluyó.