El próximo 16 de junio se reabre el catastro minero en Ecuador, luego de seis años de estar cerrado. Para el viceministro de Minas, Javier Subía, esta decisión es clave no solo para reactivar inversiones, sino para frenar el avance del crimen organizado.

“El cierre del catastro limitó la minería legal y dejó campo libre para que avance la ilegal. Siempre que se cierra la puerta a la minería legal, se abren dos a la ilegal”, afirmó Subía en entrevista con el periodista Milton Pérez.

Desde 2018, el sistema que registra todas las concesiones y derechos mineros del país ha estado congelado, impidiendo nuevas solicitudes. Durante ese tiempo, según estimaciones del propio viceministro, Ecuador podría estar perdiendo entre el 1% y 3% de su PIB anual por extracción ilícita de minerales, especialmente oro.

Para enfrentar ese problema, el gobierno apuesta por un nuevo sistema digital llamado SIGMIN y por una tasa de fiscalización minera que permitirá recaudar más de USD 200 millones anuales. Esos fondos se destinarán a reforzar el control estatal sobre las concesiones, con más personal, vigilancia satelital, drones y tecnología georreferenciada.

Subía también reveló que al menos un 20% de las comercializadoras de oro creadas entre 2022 y 2023 operaban como empresas fantasma, sirviendo como fachada para mafias que exportaban millones en oro sin control.

Además, anunció que en los próximos días se presentará a Presidencia el nuevo reglamento a la Ley de Minería, que permitirá pagar por primera vez el 60% de las regalías a los gobiernos locales: “Nunca se ha entregado lo que les corresponde a las provincias, cantones y parroquias. Eso va a cambiar”, prometió el viceministro.