Bolivia enfrenta una nueva oleada de conflictividad social marcada por la persistencia de bloqueos promovidos por sectores afines al expresidente Evo Morales, mientras otros grupos ciudadanos salen a las calles para exigir respuestas frente al deterioro económico que afecta al país.

Los cortes de ruta, concentrados principalmente en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, son encabezados por organizaciones cocaleras del Chapare y otros simpatizantes del evismo. Sus demandas incluyen la habilitación de Morales como candidato presidencial, la renuncia de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, y la convocatoria a elecciones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS). Esta arremetida ocurre en medio de una profunda fractura dentro del oficialismo y en un contexto de creciente descontento social.

A estos bloqueos se suman nuevas manifestaciones protagonizadas por transportistas, comerciantes, gremiales, avicultores y vecinos de ciudades como El Alto y La Paz. A través de cacerolazos y movilizaciones, estos sectores denuncian el aumento sostenido del precio de alimentos y combustibles, la escasez de diésel, y el impacto inflacionario que ha golpeado con más fuerza a los sectores populares.

Según estimaciones oficiales, las pérdidas económicas derivadas de los bloqueos superan los 500 millones de dólares en apenas nueve días. Las cifras acumuladas desde el inicio del año ascienden a más de 4.500 millones de dólares. Los sectores productivo, agropecuario y comercial han sido especialmente perjudicados, y expertos advierten que la crisis podría provocar una recesión si no se revierte la situación en el corto plazo.

En respuesta, el Gobierno de Luis Arce ha denunciado públicamente a Evo Morales por un presunto intento de golpe de Estado, apoyándose en un audio filtrado en el que se lo escucha coordinando movilizaciones y amenazas. La Fiscalía ha iniciado una investigación por delitos como terrorismo, al tiempo que el Ejecutivo reclama una solución pacífica a los conflictos y exhorta a levantar los bloqueos que agravan la crisis.

Entretanto, la polarización crece y las perspectivas de un diálogo efectivo parecen lejanas. Mientras el evismo radicaliza sus acciones en busca de protagonismo político, otros sectores reclaman medidas urgentes para paliar la emergencia económica. El país queda así atrapado en una doble presión que amenaza con prolongar la inestabilidad y profundizar las divisiones internas.