Un proyecto de ley impulsado tras la sentencia de la Corte Constitucional en el caso “Mona Estrellita” ha encendido las alarmas entre productores, ganaderos y defensores del agro ecuatoriano. La llamada “Ley Orgánica de Protección de los Derechos de los Animales No Humanos” (Loa) busca posicionar a los animales como sujetos de derechos, pero sus alcances han generado un profundo rechazo en amplios sectores.

En entrevista con Ecuadorenvivo.com, la abogada Abelina Ponce —representante del sector agropecuario— calificó a la propuesta como una amenaza ideológica que pretende imponer un modelo contrario a la realidad nacional. “Esto no es protección animal, es criminalización del campo”, afirmó.

Entre las disposiciones más polémicas del proyecto inicial se incluye la prohibición de exhibir carne en mercados, la obligatoriedad de anestesiar camarones antes de faenarlos, restricciones al uso de cuero y lana, y la imposición de condiciones de crianza inviable para las aves ponedoras. Todo esto, según Ponce, pone en riesgo la producción de proteína animal, encarece los alimentos y desconoce la identidad cultural del país.

Pese a que en un inicio se logró consensuar un texto equilibrado con participación de carteras de Estado, sectores productivos, academia y organizaciones animalistas, la reciente votación de la Comisión de Biodiversidad en la Asamblea Nacional revirtió ese avance. El informe que reflejaba el acuerdo alcanzado fue rechazado, abriendo la posibilidad de que el país regrese al texto original: una versión radical y restrictiva.

“La Corte ordenó una ley, pero no una ideológica. Esta no protege a los animales, ataca a quienes los crían con responsabilidad”, sostuvo Ponce. Además, advirtió que archivar el proyecto o volver a foja cero implicaría un incumplimiento de la sentencia constitucional, lo que podría habilitar a la Corte para imponer una normativa provisional sin pasar por la Asamblea.

El futuro del agro, de la soberanía alimentaria y de miles de empleos está en juego. El pleno legislativo deberá decidir si da paso a un marco legal razonable o si cede ante la presión de agendas ideológicas que, según los críticos, pretenden imponer un modelo socialista y urbano alejado de la realidad del Ecuador profundo.

La decisión está en manos de la Asamblea. Y el tiempo apremia.