En un contexto de violencia creciente y crisis institucional, Ecuador se enfrenta a desafíos sin precedentes en materia de seguridad ciudadana. Durante un reciente programa de YouTube, la catedrática Michelle Maffei, especialista en prevención del crimen organizado, ofreció un análisis profundo sobre las medidas que busca impulsar el gobierno de Daniel Noboa para combatir la amenaza interna y la influencia de las mafias que cruzan fronteras.

La reciente explosión en la Bahía de Guayaquil, que dejó tras de sí vidas destrozadas y negocios en ruinas, ha reavivado el debate sobre la necesidad de intervención internacional en materia de defensa. Mientras algunos sectores defienden la apertura a fuerzas militares extranjeras como un paso histórico para fortalecer la seguridad, otros, especialmente correístas progresistas, rechazan cualquier cooperación con países como Estados Unidos, señalando que tales medidas pueden perpetuar modelos autoritarios y socavar la soberanía nacional.

Michelle Maffei recordó cómo la histórica presencia de la base militar estadounidense en Manta contribuyó a mantener la calma en momentos críticos. Sin embargo, subrayó que, pese a los logros en la reducción de la tasa de homicidios—pasando de 18.88 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2008 a una aparente mejora en 2014—la tendencia reciente es preocupante. Las estadísticas actuales muestran que en 2025 Ecuador podría cerrar con una tasa de hasta 56 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que lo posiciona como uno de los países más violentos de América Latina y el Caribe.

La catedrática también enfatizó el papel de diversos factores en el incremento de la criminalidad. La corrupción del sistema judicial, la debilidad del sistema bancario y la porosidad de las fronteras facilitan el ingreso masivo de droga, principalmente a través de los puertos de Guayas, y alimentan a grupos delictivos locales. La estrategia de permitir la entrada de fuerzas militares extranjeras, si bien es vista por algunos como un intento de disuasión efectiva, se enfrenta a críticas por parte de quienes argumentan que la solución integral pasa por fortalecer los controles internos y modernizar la inteligencia nacional.

Asimismo, Maffei destacó la insuficiente articulación entre el Estado y el sector privado en la lucha contra el crimen organizado, haciendo hincapié en la necesidad de innovar en tecnologías de vigilancia y en la implementación de políticas que permitan cerrar las brechas en la seguridad de los puertos y fronteras. La propuesta de incorporar cooperación internacional debe ir acompañada de esfuerzos para evitar que los mismos mecanismos de control sean vulnerables a la corrupción.

La compleja realidad de seguridad en Ecuador demanda respuestas rápidas y coordinadas, ya que la inacción no solo pone en riesgo la integridad de las instituciones, sino también la vida de miles de ecuatorianos. La lección que se desprende de este debate es clara: en un país donde el crimen organizado no da tregua, la única respuesta efectiva es una política de Estado que conjugue cooperación internacional, innovación tecnológica y una transformación profunda del sistema de seguridad.