El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encuentra bajo la lupa de la Comisión Cívica de Seguimiento al concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado, proceso que ya acumula ocho meses de retraso y busca el reemplazo definitivo de Diana Salazar.

Esta comisión, conformada por 13 organizaciones de la sociedad civil, nació con el objetivo de vigilar el desarrollo del concurso y detectar posibles irregularidades en las candidaturas. Su trabajo se difundirá de forma pública a través de la página web ojoalafiscalia.org.

Paulo Ocaña, presidente de esta Comisión Cívica, explicó en entrevista con Ecuavisa que la iniciativa surge como respuesta a la falta de transparencia y la demora que han caracterizado procesos recientes del CPCCS. “Hemos visto procesos que se demoran muchísimo y en los que las impugnaciones han sido numerosas”, señaló Caña, enfatizando la necesidad de una veeduría independiente, que no esté adscrita al Consejo, para aportar observaciones y propuestas.

Entre las principales críticas al reglamento del concurso, Ocaña destacó que se impone una limitación cuestionable: no podrán postular quienes hayan defendido en los últimos 10 años causas vinculadas a 36 tipos penales específicos. “Esto vulnera el derecho de participación y puede generar múltiples acciones legales que prolonguen aún más el proceso”, advirtió. En su opinión, el verdadero filtro debe ser la probidad, evaluada mediante la revisión del patrimonio y la trayectoria de los candidatos, no limitaciones que excluyan por principio.

Además, la Comisión señaló otras observaciones sobre el reglamento, como la llamada “calificación afirmativa” que otorgaría puntos por ser mujer, indígena, vivir en Galápagos o incluso por tener menos de 30 años, lo cual considera inapropiado para un cargo que exige al menos una década de experiencia en derecho penal.

El colectivo ciudadano replicará el concurso oficial para hacer un seguimiento paralelo y transparente, con la participación de expertos en materia penal, y publicará sus resultados para que la sociedad pueda comparar y analizar el desempeño de los postulantes.

Ocaña también afirmó que la Comisión no busca intervenir con recursos legales, sino alertar y transparentar el proceso. “Si alguien se siente perjudicado, tendrá las vías legales para actuar, pero nuestro rol es vigilar y evidenciar”, explicó.

Finalmente, sobre el apoyo técnico y económico recibido de la embajada de Estados Unidos, el presidente de la Comisión aseguró que la transparencia del proceso y la publicación pública de sus observaciones garantizan la independencia de la veeduría.