La iniciativa del presidente Daniel Noboa de presentar una “ley orgánica para desarticular la economía criminal” ha reavivado un debate crucial en el Ecuador: ¿cuánto poder se le puede conceder al Estado sin poner en riesgo el orden constitucional?

El proyecto, propuesto como urgente en materia económica, busca dotar al Ejecutivo de herramientas expeditas para enfrentar al crimen organizado que azota al país. Pero la calificación misma de “urgente y económica” ha sido objetada por expertos legales. Para el Colegio de Abogados de Pichincha, representado por su presidente, el Dr. Paúl Ocaña, el proyecto no cumple con los requisitos constitucionales que justifican ese trámite acelerado.

“La seguridad no puede justificarlo todo. Si se violan tratados internacionales o se salta el debido proceso, mañana podríamos estar enfrentando demandas por inconstitucionalidad o sanciones de la Corte Interamericana”, advirtió Ocaña en el programa Ecuadorenvivo.

La ley incluye disposiciones polémicas como allanamientos sin orden judicial, prisión preventiva ampliada, e incluso la posibilidad de decretar “conflicto armado interno” sin control de la Corte Constitucional. A ello se suma una figura inédita y preocupante: el indulto presidencial anticipado, es decir, antes de que haya condena. “Eso no solo desnaturaliza el derecho penal, sino que abre la puerta a usos arbitrarios del poder”, sentenció el jurista.

En contraste, muchos sectores de la ciudadanía respaldan la urgencia de actuar. La violencia ha alcanzado niveles históricos, y el propio Noboa ha sostenido que “cada día sin herramientas legales se pierden vidas inocentes”.

Pero la discusión va más allá del contenido de la ley. El país enfrenta un dilema institucional: su arquitectura constitucional —diseñada en 2008 bajo otra lógica política— no prevé mecanismos eficaces para situaciones excepcionales como la que vivimos. ¿La respuesta debería ser una Asamblea Constituyente, un comité de notables, o un pacto nacional que permita enmendar sin destruir el marco legal vigente?

“La lucha contra el crimen no debe convertirse en un cheque en blanco para el poder”, advirtió Alfonso Pérez Serrano, conductor del programa. “El reto no es elegir entre derechos o seguridad, sino encontrar un equilibrio que no sacrifique ni la paz ni la República”.

Lo cierto es que el país se encuentra en una encrucijada donde la necesidad de actuar se enfrenta con los límites de la legalidad. ¿Podrá el Estado imponer una ley mejor sin cruzar la línea del autoritarismo?