Elon Musk, designado por el presidente Donald Trump para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), tenía como objetivo reducir drásticamente el gasto público y reestructurar la burocracia federal. Sin embargo, su gestión se vio marcada por obstáculos significativos que impidieron la concreción de las reformas propuestas.

Al asumir el cargo, Musk se comprometió a recortar hasta 2 billones de dólares del presupuesto federal. No obstante, solo logró reducir aproximadamente 175.000 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a la meta establecida. Sus acciones incluyeron el cierre de agencias como USAID y el despido de miles de empleados federales, medidas que generaron controversia y resistencia tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.

La estrategia de Musk también fue objeto de críticas por su enfoque agresivo y la falta de consideración hacia los procedimientos legales establecidos. Intentos de acceder a sistemas sensibles del gobierno y la implementación de recortes sin la debida aprobación del Congreso suscitaron preocupaciones sobre la legalidad de sus acciones.

Además, su relación con el presidente Trump se deterioró debido a diferencias en la agenda fiscal. Musk expresó su decepción con las políticas fiscales de la administración, especialmente con un nuevo proyecto de ley que, según él, incrementaría el déficit presupuestario en lugar de reducirlo.

La combinación de metas poco realistas, resistencia institucional y conflictos internos llevó a Musk a anunciar su retirada del DOGE tras solo unos meses en el cargo, dejando un legado de reformas incompletas y una burocracia aún más resistente al cambio.