Ecuador atraviesa una crisis que ha dejado a miles de personas sin hogar. Hoy somos el tercer país de América Latina con mayor número de personas desplazadas como consecuencia directa de la violencia. Familias enteras se ven forzadas a abandonar sus casas, barrios o provincias a causa de las amenazas, extorsiones, asesinatos selectivos, reclutamientos forzados y las disputas territoriales entre bandas criminales.

Las provincias más golpeadas son Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Solo en 2024, alrededor de 100.000 personas han tenido que desplazarse. Esto no solo representa una estadística alarmante, sino que significa la ruptura del tejido social, la pérdida de hogares y medios de subsistencia, la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes, y el acceso cada vez más limitado a servicios públicos esenciales.

Particularmente dolorosa es la situación de mujeres, adolescentes y niñas, quienes enfrentan un riesgo mayor de violencia de género y violencia sexual en contextos marcados por la presencia de estructuras criminales. Jóvenes forzados a huir por amenazas de reclutamiento o represalias.

A este desplazamiento interno se suma el transfronterizo. Cientos de compatriotas cruzan diariamente las fronteras hacia Colombia, Perú o toman rutas aéreas en busca de un refugio seguro. No obstante, en ese camino se enfrentan a la falta de regularización migratoria, explotación laboral, trata de personas y un acceso precario a derechos básicos.

Esto nos coloca en una alarmante exposición a delitos transnacionales como trata, tráfico ilícito de migrantes, y las tragedias cotidianas que se traducen en muertes en tránsito y familias separadas. Los datos recogidos por el Consejo Noruego para los Refugiados, son apenas una ventana a la magnitud de esta crisis humanitaria que el país no puede seguir ignorando.

El Ecuador necesita con urgencia una política pública integral de protección a personas desplazadas. Se requiere un registro que permita dimensionar la problemática y atenderla de manera articulada, humana y efectiva. Ninguna persona debería verse forzada a dejar su hogar para preservar su vida, ni vivir en el abandono institucional mientras huye de la violencia.

Es tiempo de reconocer este drama nacional y actuar con la seriedad que la dignidad de las personas exige.