El gobierno estima cerrar el 2025 con un déficit fiscal de aproximadamente $3.000 millones, una cifra preocupante pero menor a la prevista al inicio del año, según confirmó la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, en una entrevista a Telemazonas.

Para enfrentar este panorama, el Ejecutivo anunció cinco medidas clave que buscan fortalecer la caja fiscal. Entre ellas, la eliminación del subsidio al diésel para atuneros, una tasa de fiscalización minera, y el sinceramiento de las tarifas eléctricas para empresas. Con estas acciones, el gobierno proyecta recaudar más de $500 millones.

“No podemos seguir subsidiando a sectores que pueden costear sus operaciones. Hay industrias que exportan más de $1.600 millones y aún así reciben subsidios de $42 millones al año. Eso debe terminar”, dijo Moya.

¿Dónde se invertirá ese dinero?

La ministra aclaró que los recursos irán a programas sociales y servicios públicos, así como al pago de deudas históricas que mantiene el Estado con proveedores y gobiernos locales. Solo este año, afirmó, se han transferido $10.000 millones a municipios y prefecturas, montos que incluyen pagos atrasados de gobiernos anteriores.

Moya no descartó que se analice una reforma tributaria, pero aseguró que cualquier decisión tomará en cuenta la progresividad del sistema y la capacidad real de los ecuatorianos para asumir una mayor carga impositiva.

“Lo que buscamos es que los ingresos sean sostenibles. No se trata solo de cobrar más, sino de gastar mejor. Hay que mejorar la calidad del gasto público”, aseguró.

La ministra también respondió a las críticas del sector atunero, que ha pedido una eliminación gradual del subsidio, exenciones de IVA y del ISD. Aunque reconoció que están abiertos al diálogo, enfatizó que la decisión fue tomada tras cuatro años de análisis.

Aunque el gobierno aspira a dejar de depender de créditos internacionales, reconoce que aún necesita financiamiento externo. Moya indicó que los desembolsos del FMI y otros multilaterales como el BID, Banco Mundial y CAF ya están en proceso, pese a ciertos retrasos por el periodo electoral.

“Tenemos un plan económico sólido que ha abierto puertas al financiamiento. No al revés. Las decisiones que tomamos hoy impactarán en las próximas generaciones”.

Además, confirmó que Ecuador planea regresar al mercado internacional de bonos en 2026, con emisiones respaldadas por garantías de organismos multilaterales.

Inversión estatal y prioridades

La titular de Finanzas ratificó que el Ejecutivo mantiene su compromiso de usar la inversión estatal como motor de reactivación económica, pero enfatizó que esto se hará bajo estricta normativa: los recursos de rentas petroleras y deuda externa solo se usarán para proyectos que generen retornos.

Entre las prioridades de gasto para el segundo semestre, Moya mencionó el fortalecimiento del sector social y la transición energética, incluyendo la compra de energía al sector privado para evitar futuras crisis eléctricas.

Aunque el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de 1,7% para Ecuador en 2025, y el Banco Central estima 2,8%, la ministra se mostró optimista:

“Creemos que creceremos más allá del 2,8%. Pero eso dependerá también del compromiso del sector privado, que debe ser un aliado clave en este proceso”.

Finalmente, insistió en que el diálogo con los empresarios continúa abierto, y que el gobierno trabaja junto al Ministerio de Producción en una agenda nacional de crecimiento, con el apoyo de expertos internacionales.