El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ha anunciado la aplicación de una tarifa arancelaria fija de 20 dólares para los envíos realizados bajo el régimen courier 4×4 (categoría B). Esta medida entrará en vigor el 16 de junio de 2025 y tiene como objetivo principal proteger la industria nacional y el empleo formal en el país.
El régimen 4×4 permite importaciones personales de hasta cuatro kilogramos y un valor FOB máximo de 400 dólares. La implementación de esta tarifa busca evitar el uso comercial informal de este mecanismo, creado originalmente para facilitar compras personales desde el exterior. La medida fue aprobada el 2 de junio de 2025 por el Pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) mediante la Resolución N° 006-2025.
Los objetivos específicos de esta resolución incluyen:
Proteger el empleo formal y la producción ecuatoriana.
Fomentar un comercio justo y equitativo.
Evitar el uso comercial no regulado del régimen 4×4.
Corregir distorsiones de mercado que afectan a los importadores.
Es importante destacar que el límite anual por usuario para este tipo de importaciones se mantiene en 1.600 dólares.
El Lavado de Dinero en las Aplicaciones Móviles El Riesgo Invisible que Crece en la Economía Digital
En el mundo del desarrollo tecnológico, las aplicaciones móviles se han convertido en uno de los motores más potentes de la nueva economía digital. Sin embargo, detrás del crecimiento vertiginoso de este sector, también se está abriendo una puerta discreta, pero cada vez más utilizada, por las organizaciones criminales: el lavado de dinero.
El lavado de activos a través de aplicaciones móviles no es una hipótesis lejana. Es una realidad en expansión, impulsada por la propia naturaleza del ecosistema digital: bajo costo de entrada, alta circulación de pagos electrónicos, anonimato operativo y complejidad transnacional. Todo ello ofrece un terreno fértil para quienes buscan insertar fondos ilícitos dentro del circuito financiero global sin despertar sospechas inmediatas.
Uno de los esquemas más utilizados es la creación de aplicaciones fantasma o de bajo contenido real. Estas apps se publican en tiendas oficiales, simulan miles de descargas mediante el uso de bots o granjas de clicks, y posteriormente generan ingresos a través de supuesta publicidad o compras dentro de la aplicación. El dinero que ingresa aparece formalmente como ventas legítimas de servicios digitales, dificultando la detección de su verdadera naturaleza.
Otra variante cada vez más frecuente es el uso fraudulento de redes de publicidad digital. A través de plataformas privadas o redes programáticas manipuladas, se simulan ingresos por anuncios, inflando ingresos inexistentes mediante tráfico artificial. Las operaciones se estructuran de forma que las transacciones aparentan tener volumen comercial, pero en realidad son simples circuitos cerrados para justificar ingresos.
Los programas de afiliación o recompensas también se prestan a estructuras circulares de blanqueo. Varias aplicaciones interconectadas pueden generar pagos cruzados por referidos, descargas o adquisición de usuarios, cuando en realidad el dinero no obedece a actividad comercial genuina, sino a movimientos orquestados para disimular flujos de fondos.
El factor internacional añade una capa extra de complejidad. A través de microtransacciones fragmentadas y de baja cuantía, los lavadores pueden mover grandes sumas sin activar las alarmas de los sistemas bancarios tradicionales, utilizando pasarelas de pago digitales que operan simultáneamente en varias jurisdicciones.
La integración de criptomonedas en muchas aplicaciones móviles representa un riesgo adicional. Plataformas de juegos, apuestas, trading o NFT permiten a los usuarios adquirir activos digitales, transformarlos en utilidades virtuales y, posteriormente, reconvertirlos a dinero fiat bajo la apariencia de legítimos ingresos por uso de la aplicación.
Esta dinámica no ha pasado desapercibida para los organismos internacionales. Reportes recientes de Europol, el GAFI, FinCEN y unidades de inteligencia financiera de múltiples países, ya advierten del uso creciente de plataformas digitales y apps móviles como herramientas emergentes para el blanqueo de capitales.
El desafío para los sistemas de cumplimiento normativo es enorme. El control efectivo del beneficiario final, el rastreo transnacional de flujos digitales, la verificación de ingresos por publicidad o micropagos, y el monitoreo de estructuras empresariales complejas dentro de los marketplaces de aplicaciones, representan hoy uno de los grandes retos para los modelos de prevención de lavado en el siglo XXI.
Las apps móviles, más allá de su indiscutible aporte a la economía, están demostrando ser, en manos equivocadas, una de las rutas silenciosas pero sofisticadas del lavado de dinero moderno.