La inclusión de exasambleístas y exfuncionarios cercanos al expresidente Rafael Correa en el actual gobierno ha generado una fuerte polémica en Ecuador. La decisión del presidente Daniel Noboa de incorporar a figuras asociadas al correísmo ha sido interpretada por sectores políticos y sociales como un giro inesperado en su gestión.

Uno de los nombramientos más cuestionados es el de Marcela Holguín, exlegisladora de la Revolución Ciudadana, quien fue designada como gerente general de la Empresa Pública de Comunicación. Su historial de cercanía con Correa ha encendido alertas sobre un eventual uso propagandístico de los medios públicos, recordando prácticas del pasado.

También ha causado inquietud la influencia de Fausto Jarrín, exabogado de Correa y exasambleísta, quien sin ocupar un cargo formal, tendría un rol clave en la articulación política del oficialismo en la Asamblea Nacional. Su presencia ha alimentado especulaciones sobre posibles pactos entre Noboa y sectores del correísmo.

A esto se suma el nombramiento de Carolina Jaramillo como vocera de la Presidencia. Aunque su trayectoria en comunicación política incluye experiencias en gobiernos correístas, su designación ha sido vista por algunos como una apuesta técnica, mientras otros advierten sobre una posible estrategia para reposicionar narrativas afines al correísmo dentro del discurso oficial.

Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras ciertos analistas consideran que estos movimientos buscan ampliar la base de apoyo legislativo del gobierno, otros los ven como señales de un acercamiento preocupante a prácticas autoritarias y de control de la información.

La ciudadanía y la clase política siguen con atención la evolución de estas decisiones, que podrían marcar un punto de inflexión en la administración de Daniel Noboa.