La Deuda Impagable: Un Costo Humano Incalculable
En Ecuador, la vida de más de 19.000 personas que sufren de enfermedad renal crónica pende de un hilo. Su supervivencia depende de la diálisis, un tratamiento vital que hoy está gravemente amenazado. El sector renal atraviesa una crisis sistémica sin precedentes, y la deuda del Estado con los proveedores de servicios de diálisis ha escalado a la alarmante cifra de más de $300 millones.

Esta cantidad no es un simple número; representa la inminente suspensión de tratamientos que salvan vidas, la escasez crítica de insumos y el colapso progresivo del sistema de salud. Es una deuda que ya no puede esperar y que a todos nos debería doler profundamente.

¿Pero por qué es un problema de salud pública ignorado?

La crisis de los pacientes renales no es un asunto menor; es un problema de salud pública de dimensiones catastróficas. Mientras en el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el pasado 23 de mayo de 2025, durante la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, una resolución histórica que integra la salud renal en su agenda de enfermedades no transmisibles, en Ecuador la situación se agrava día a día.

Este hito global, que busca abordar una enfermedad que afecta a más de 850 millones de personas en el mundo y causa más de 3 millones de muertes anuales, insta a los países a incorporar la atención renal en sus sistemas nacionales de salud. Esto implica promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso equitativo a tratamientos como la diálisis y los trasplantes, fortaleciendo la atención primaria y sensibilizando a la sociedad. Sin embargo, en Ecuador, parece que estamos yendo en la dirección opuesta.

Les invito a que sientan el dolor de quienes viven día a día la angustia de no saber si recibirán su próximo tratamiento, debido a una deuda acumulada por más o menos 20 meses. ¿Acaso no nos duele?

Pongámonos en el lugar de quienes no pueden costear su tratamiento y dependen del Estado porque es su derecho constitucional, al ser la enfermedad renal declarada una enfermedad catastrófica. El Estado tiene la obligación de priorizar esta atención, al igual que en casos similares de otras enfermedades.

Los 19.000 pacientes exigen soluciones urgentes ante esta deuda estatal millonaria. Si el gobierno reelecto realmente ha enfatizado que priorizará la gran deuda social, esto debe significar no solo prometer nuevos hospitales, sino atender urgentemente lo que no se ha solucionado y que arrastra meses sin respuesta.

La solución es clara y urgente, aquí tres pasos:

1. Cumplir el cronograma de pagos.
2. Ponerse al día.
3. Priorizar esta emergencia desde la política pública.

“Imaginen no saber si mañana podrán acceder a esa línea de vida. Esa es nuestra realidad”, comparten los pacientes en medio de su angustia. Según las asociaciones, el costo mensual de un paciente con enfermedad renal crónica asciende a aproximadamente $1400, una cantidad que la mayoría de la población no puede costear, por lo que su única esperanza recae en el Estado.

La indiferencia ya no es una opción. El clamor es incuestionable: la salud renal en Ecuador está en terapia intensiva. La vida de miles de ecuatorianos está en juego. Como sociedad, instamos a que esta crisis sea escuchada y visibilizada, pues afecta vidas humanas cada día.