La educación en Ecuador ha estado marcada por los constantes cambios de gobierno que, a su vez, han traído modificaciones profundas y a menudo contradictorias en las políticas educativas. Esta inestabilidad ha impedido la construcción de un sistema coherente y sostenible, afectando directamente tanto la estructura pedagógica como la práctica metodológica en las aulas. Cada administración ha propuesto su propio modelo, muchas veces sin continuidad ni evaluación de los procesos anteriores, lo cual ha generado confusión en la comunidad educativa y debilitado el desarrollo integral de estudiantes y docentes.

Durante el gobierno de Rafael Correa se impulsaron reformas importantes como la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), la profesionalización docente y la implementación de un currículo nacional unificado. No obstante, con la llegada de nuevos gobiernos, muchas de estas iniciativas fueron revisadas, suspendidas o sustituidas por propuestas diferentes, como ocurrió durante la administración de Lenín Moreno. En la actual gestión del presidente Daniel Noboa, se ha anunciado la intención de retomar y fortalecer políticas educativas con un enfoque en la modernización y la inclusión tecnológica, buscando también mejorar la calidad y equidad del sistema educativo. Sin embargo, la continuidad y efectividad de estas reformas dependerán de la capacidad del gobierno para establecer un marco estable y de largo plazo que involucre a los docentes y garantice procesos de capacitación constantes, superando así la histórica inestabilidad que ha caracterizado al sector.

En lo metodológico, esta inestabilidad ha impedido la consolidación de enfoques innovadores. Aunque se ha promovido el uso de tecnologías y metodologías activas, su implementación ha sido limitada y desigual, especialmente en zonas rurales y sectores urbanos marginales donde los recursos son escasos.

Las cifras actuales reflejan una realidad preocupante. Más de 450.000 niños y adolescentes entre 3 y 17 años están fuera del sistema educativo, según datos del Ministerio de Educación para el año lectivo 2024-2025. Además, la evaluación nacional “Ser Estudiante” reveló que 7 de cada 10 alumnos no alcanzan los niveles mínimos en Lengua y Matemáticas. Estos datos son el resultado directo de años de políticas cambiantes, falta de inversión sostenida y ausencia de una visión educativa a largo plazo que trascienda intereses políticos.

Para revertir esta situación, es urgente establecer un pacto nacional por la educación que asegure la continuidad de políticas públicas, la formación constante del personal docente y la mejora de las condiciones educativas en todo el país. Solo así será posible construir una educación de calidad, equitativa y adaptada a los desafíos del siglo XXI.