La posesión presidencial para el período 2025-2029 del presidente Daniel Noboa Azín fue emotiva y con un discurso alentador y optimista. Pero siempre hay preocupaciones que no podemos esconder y son los retos y desafíos que se vienen en cuanto a resolver los factores de mayor preocupación para los ecuatorianos como son la inseguridad y el desempleo, aristas que pueden definir el derrotero de un Gobierno.

Estas acciones están centradas en dos grandes ámbitos como la seguridad y el desarrollo que deben estar sustentados en sus respectivos planes: el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Seguridad Integral, que definirán las políticas de Estado que nos permitan alcanzar los objetivos y metas propuestos y a la vez saber en forma clara y precisa el camino a transitar, lo que vamos hacer y a dónde queremos llegar en los próximos cuatro años.

El Plan Nacional de Desarrollo le corresponde elaborara a la Secretaría de Planificación , mientras que el Plan de Seguridad Integral, al momento, le correspondería al Ministerio de Defensa Nacional. Pero eso sería incorrecto, porque la Ley de Seguridad Pública y del Estado (LSPE) determina que la estructura del sistema de seguridad pública y del Estado está conformado por la Presidencia de la República, quien lo dirige, las entidades públicas, las políticas, los planes, las normas, los recursos y los procedimientos, con sus interrelaciones, y las organizaciones de la sociedad que coadyuven a la seguridad ciudadana y del Estado.

La Secretaría del Consejo será ejercida por el ministro o ministra responsable de la entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado. Determina un Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), que se reunirá cuando lo convoque el Presidente y periódicamente cada cuatro meses con las siguientes funciones: Asesorar y recomendar al Presidente de la República sobre las políticas, planes y estrategias de Estado y sobre sus procedimientos; y recomendar al Presidente la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten la integridad de los ciudadanos.

La LSPE también establece que debe existir una entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado que será adscrita a la Presidencia, con personalidad jurídica y dotada de autonomía administrativa y financiera, que será responsable de la formulación de políticas públicas integrales y la coordinación entre los órganos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Este tendrá funciones fundamentales: formular el Plan Nacional de Seguridad Integral y propuestas de políticas de seguridad pública y del Estado con el aporte de otras entidades del Estado y de la ciudadanía para ponerlas en consideración del Presidente y del COSEPE.

El Plan Nacional de Seguridad Integral será elaborado sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo y será presentado en un plazo máximo de 90 días al Presidente y al COSEPE, para su aprobación.

El 31 de enero de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo 152, se suprimió la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, creada en 2022. Sus funciones fueron transferidas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. El Ministerio del Interior asumió la coordinación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), mientras que el Ministerio de Defensa se encargó de la formulación del Plan Nacional de Seguridad Integral.

Lo preocupante es que no se está considerando una reestructuración de ciertas entidades del Estado como parte del Sistema de Seguridad del Estado. Es necesario reactivar la Secretaría Nacional de Seguridad con rango de Ministerio, tal cual dice la LSPE, para que sea el ente coordinador en la planificación del Plan Nacional de Seguridad Integral, que establecerá, objetivos, políticas, indicadores, metas y presupuestos para los organismos del Estado inmersos en el sistema, en estrecha relación con el Plan Nacional de Desarrollo.

Esto es de vital importancia para la planificación estratégica, operativa y táctica para los organismos de seguridad, porque es el insumo básico para la elaboración de los planes en los respectivos niveles de la conducción política, estratégica y operativa.

Por eso, es indispensable que se definan como parte de una restructuración del Sistema de Seguridad del Estado, las entidades responsables de la elaboración del Plan de Seguridad Integral del Estado, porque si seguimos con una estrategia reactiva frente a las amenazas a la seguridad pública y del Estado, los resultados serán siempre los mismos.

En la actualidad solamente estamos con un concepto operativo y táctico de intervención con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando se debe cohesionar y sistematizar una estrategia de seguridad integral con los otros organismos del Sistema de Seguridad del Estado, establecido por la LSPE vigente, como una verdadera política de Estado para enfrentar las amenazas actuales como es el crimen organizado trasnacional y sus delitos conexos. Esto y con el fortalecimiento de las entidades de seguridad y control nos brindarán una verdadera estrategia nacional sostenida en el tiempo y con resultados tangibles y perceptibles de Seguridad y Desarrollo.