Por más de una década, el correísmo fue una fuerza política clave en Ecuador. En su momento, alcanzó una posición casi hegemónica, con amplia influencia en todas las funciones del Estado, lo que le permitió aplicar su agenda sin mayores obstáculos. Bajo el liderazgo – y control total – de Rafael Correa, el movimiento no solo transformó la política ecuatoriana, sino que también generó un fenómeno social marcado por un discurso de confrontación. Los “otros” —medios, empresarios, partidos, sociedad civil— eran presentados como enemigos de la patria. La polarización – al más puro estilo de los buenos contra los malos – se instaló en el país y sus efectos los vivimos hasta hoy.Pero con el tiempo, ese poder comenzó a erosionarse. Las disputas internas, los malos resultados económicos y una serie de prácticas antidemocráticas minaron su legitimidad. Las denuncias por corrupción y la cooptación de instituciones provocaron una profunda desconfianza en el sistema. Esa experiencia generó un rechazo ideológico hacia el correísmo que, en su momento, fue comprensible: el movimiento debilitó derechos y garantías democráticas, dejó una economía en crisis y un Estado altamente endeudado. Hasta hoy, identificarse como correísta puede desencadenar insultos o agresiones, no solo por la polarización sino por la percepción de que se trata de un proyecto político nocivo.Desde entonces, ya han pasado otros gobiernos. Incluso podríamos decir que han pasado opciones políticas distintas. Sin embargo, hoy en el poder hay otro movimiento que repite muchas de esas mismas prácticas. El gobierno de Daniel Noboa ha concentrado poder, protagonizado escándalos de corrupción – aunque no comparables con los del pasado, pero corrupción al fin -, mostrado pobres resultados económicos y promovido discursos de odio que han profundizado la polarización.Lo preocupante es que, esta vez, no existe el mismo nivel de rechazo social (por el momento). No hay protestas ante los abusos ni ante el silenciamiento de la oposición en la Asamblea – graciosamente ahora en manos del correísmo. No hay escándalo cuando se busca concentrar aún más poder en el Ejecutivo, como con la ley de economías criminales. Incluso, en muchos casos, se aplaude.El autoritarismo y la corrupción son dañinos, sin importar quién los ejerza. El Estado de derecho es absoluto: o se respeta para todos, o no existe para nadie. Si estuvo mal cuando lo hizo el correísmo, también está mal ahora. Mientras no pongamos los principios por encima de las personas, seguiremos entregando poder a líderes autoritarios que anteponen su ego al bienestar colectivo.