Comunidades de las provincias de Sucumbíos y Orellana llegaron a Quito para exigir justicia y reparación por la contaminación que generó Chevron, desde que operó en la región amazónica ecuatoriana. Los afectados demandan que la Procuraduría General del Estado cumpla con la sentencia que obliga a la petrolera a indemnizar con USD 9.500 millones a las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Esta sentencia fue emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos en 2011 y ratificada por la Corte Nacional de Justicia en 2013.

Los representantes de las comunidades afectadas, junto con organizaciones sociales y ambientales, se concentraron frente a la Procuraduría para exigir que el Estado ecuatoriano tome acciones concretas para hacer cumplir la sentencia y garantizar la reparación integral a las víctimas. Se denunció que, a pesar de la existencia de la sentencia, Chevron ha eludido su responsabilidad y no ha cumplido con la indemnización ordenada.

Además, se recordó que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias judiciales y de proteger los derechos de las comunidades afectadas. Se hizo un llamado al presidente de la República y a los responsables del sector justicia para que actúen con firmeza y garanticen que Chevron asuma su responsabilidad por los daños causados.

El caso Chevron es uno de los más emblemáticos en América Latina en materia de justicia ambiental y derechos humanos. Las comunidades afectadas han denunciado que la contaminación generada por la petrolera ha provocado graves impactos en la salud, el medio ambiente y la cultura de los pueblos indígenas de la región amazónica.

La movilización en Quito es una muestra de la determinación de las comunidades afectadas por Chevron para que se haga justicia y se logre una reparación integral que permita la recuperación de su territorio y la garantía de sus derechos