El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica denominado “Ley de Solidaridad Nacional”, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, con carácter de urgente en materia económica.

La propuesta legislativa, fundamentada en el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, plantea la implementación de regímenes especiales en los ámbitos tributario y penal, como respuesta al conflicto armado interno que enfrenta el país. Su objetivo principal es desmantelar las estructuras económicas del crimen organizado y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, respetando las garantías constitucionales, preservando la seguridad ciudadana y promoviendo la reactivación económica en las zonas más afectadas por la violencia.

La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la comisión y ponente del proyecto, destacó que esta iniciativa representa una respuesta firme y unitaria frente al crimen organizado, incorporando incentivos económicos y reformas penales que refuerzan la acción del Estado. Subrayó que esta ley es un acto de compromiso con la justicia, la democracia y la seguridad del Ecuador.

Durante el debate, 18 legisladores intervinieron, expresando en su mayoría respaldo a la propuesta. Se destacó que la iniciativa está alineada con medidas adoptadas por otros países en contextos similares, promoviendo una alianza efectiva entre el sector público y privado, cimentada en la solidaridad y respaldada por incentivos tributarios claros para fortalecer a las fuerzas del orden.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto se incluyen deducciones tributarias especiales, el reconocimiento del conflicto armado interno, disposiciones sobre el uso legítimo de la fuerza, identificación de objetivos militares, bienes incautables, procedimientos penales especiales, medidas cautelares y garantías constitucionales, así como una fase transitoria con apoyo subsidiario una vez superado el conflicto.

Además, se establece que el Ejecutivo podrá, mediante decreto y con dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, otorgar beneficios anuales a pequeños y medianos productores, así como a jóvenes emprendedores vinculados a la economía popular y solidaria.

Al concluir el debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, dispuso que el proyecto de ley regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate, considerando las observaciones presentadas por los legisladores.