El proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, enviado por el Ejecutivo con carácter económico urgente, ha abierto el debate sobre una de las áreas más golpeadas por la corrupción en el país: la contratación pública. Según estimaciones oficiales, Ecuador pierde hasta 930 millones de dólares al debido a prácticas opacas en este sector.

En entrevista con Contacto Directo, el abogado Juan Francisco Díaz, coordinador del Observatorio de Transparencia a la Contratación Pública, señaló que aunque la propuesta legislativa contiene aspectos positivos como la simplificación de procesos y la incorporación de tecnología, es apenas “un paracetamol para una enfermedad que necesita tratamiento intensivo”. Para Díaz, la solución integral requeriría una nueva ley que transforme por completo el sistema actual, vigente desde 2008 y calificado como obsoleto.

El proyecto plantea reducir los procedimientos comunes de contratación de nueve a cinco. Sin embargo, Díaz advierte que el enfoque es limitado, pues ignora cerca de 20 procedimientos especiales –como los de compra de combustibles, alimentación escolar o construcción– que representan un alto riesgo de corrupción por realizarse bajo régimen especial o contratación directa.

Otro de los ejes de la propuesta es implementar controles automáticos apoyados en tecnología como blockchain, para evitar actos ilícitos desde las primeras etapas. No obstante, para que esto funcione, el experto insiste en que primero debe modernizarse la plataforma del portal de compras públicas, que sufrió un hackeo a inicios de 2025 y paralizó a la administración pública por diez días.

Díaz también cuestiona que el catálogo electrónico siga funcionando con apenas 3.500 bienes y servicios, casi la misma cantidad que en 2008. En contraste, sistemas como Chile Compra ya tienen más de 100.000 ítems disponibles y permiten realizar adquisiciones con un solo clic, reduciendo tiempos, costos y riesgos de direccionamiento.

Finalmente, el abogado subraya que una contratación pública más eficiente y transparente no solo evita la corrupción, sino que también podría generar importantes ahorros al Estado. “Si solucionáramos el problema del catálogo electrónico, estaríamos resolviendo gran parte del caos actual”, concluyó.