Un informe revelador de ocho páginas, al que accedió Televistazo de Ecuavisa, expone el alarmante deterioro sanitario y de derechos humanos en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, donde se concentran los presos enfermos de tuberculosis. Según el reporte del Ministerio de Salud, a mayo de 2025 ya son 553 los contagiados.
Desde enero, los familiares no han podido ingresar medicinas, colchones, suplementos ni vituallas. La última vez que lo hicieron fue a inicios de ese mes. A eso se suma el hecho de que desde noviembre de 2024 no se permiten visitas familiares ni el acceso a abogados, lo que vulnera garantías mínimas de la población carcelaria.
El informe, respaldado por la Defensoría del Pueblo, jueces de Garantías Penitenciarias y colectivos de derechos humanos, señala que las alcantarillas están rebosadas, hay excremento de roedores, sin energía eléctrica ni agua potable, con paredes y techos deteriorados, y hacinamiento extremo. La cárcel tiene capacidad para 3 909 personas, pero actualmente alberga a 6 922.
No hay médicos, medicamentos ni personal suficiente para atender a los internos, lo que ha agravado la crisis de tuberculosis. “Desde hace tres meses no se permite el ingreso de fármacos por parte de los familiares”, advierte el informe.
Sin información ni garantías
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y las Fuerzas Armadas —a cargo del control penitenciario— han brindado información escasa sobre las medidas de prevención de tortura y tratos crueles, según se detalla.
Tampoco existen condiciones para reclusos con discapacidad, ni acceso a programas educativos, culturales o salidas al patio. El informe remarca que los ejes de tratamiento y beneficios penitenciarios contemplados en la ley no se están aplicando.
Las autoridades responsables ya fueron notificadas para que actúen de manera urgente ante esta crisis. Mientras tanto, la Penitenciaría del Litoral sigue siendo un foco de enfermedad, hacinamiento y vulneración sistemática de derechos humanos.
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