La administración del presidente Donald Trump expresó su desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal de Comercio Internacional, que anuló la mayoría de los aranceles recíprocos impuestos por el mandatario. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, manifestó: “No les corresponde a jueces no electos decidir cómo enfrentar una emergencia nacional”.

El tribunal, con sede en Manhattan, determinó que el presidente no justificó adecuadamente el uso de poderes de emergencia al imponer dichos aranceles, excediendo así los límites legales. Según la sentencia, la Constitución otorga al Congreso la autoridad exclusiva para regular el comercio internacional, una competencia que no puede ser sustituida por poderes presidenciales, incluso bajo una declaración de emergencia.

Trump había invocado la Ley de Facultades Económicas en Emergencias Internacionales (IEEPA) para justificar la imposición de estos aranceles, argumentando que los déficits comerciales y la amenaza del ingreso de drogas al país constituían razones válidas. Sin embargo, el tribunal consideró insuficientes estas justificaciones.

La Casa Blanca anunció su intención de apelar el fallo, sosteniendo que existe precedente legal en el uso de tales facultades, citando las medidas arancelarias implementadas por el expresidente Richard Nixon en 1971 como ejemplo. Un funcionario de la administración, que prefirió mantenerse en el anonimato, indicó que “solo el Congreso, y no los tribunales, puede determinar si la justificación del presidente cumple con la ley”.

La medida judicial se originó tras una demanda presentada por el Liberty Justice Center en representación de cinco pequeñas empresas afectadas por los aranceles. Los demandantes argumentaron que la IEEPA no contempla explícitamente la imposición de tarifas y que el déficit comercial no constituye una amenaza “inusual y extraordinaria”.