El mundo entero asiste, con creciente consternación, al horror que vive el pueblo Palestino desde octubre de 2023. En los últimos meses, la tragedia humanitaria derivada de este conflicto se ha agudizado, agravada por la restricción del ingreso de ayuda humanitaria impuesta por el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La Organización de Naciones Unidas ha advertido con severidad sobre las consecuencias devastadoras de esta medida, que golpeará principalmente a la niñez palestina. Se estima que al menos 71.000 niños y niñas menores de cinco años padecerán desnutrición aguda durante los próximos 11 meses si no se restablecen de inmediato los corredores humanitarios.

Los bombardeos indiscriminados sobre Gaza han tenido un efecto devastador, especialmente sobre las infancias. Desde octubre de 2023, más de 16.500 niños y niñas han muerto bajo el fuego. Y mientras los bombardeos continúan, la desnutrición amenaza con cobrar miles de vidas más.

Aunque la Unión Europea ha anunciado una revisión de su acuerdo de asociación con Israel, y países como Alemania han expresado públicamente que la ofensiva militar está “sobrepasando los límites”, las respuestas internacionales continúan siendo débiles e insuficientes frente a lo que múltiples expertos y organismos de derechos humanos ya califican como genocidio y limpieza étnica.

Hoy, más que nunca, es indispensable que la comunidad internacional actúe con decisión. La apertura inmediata de corredores humanitarios hacia Gaza no es una opción, sino una obligación ética y jurídica. La población gazatí se encuentra al borde de la hambruna; impedir el ingreso de la ayuda humanitaria constituye una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos.

Garantizar el acceso a la ayuda internacional debe convertirse en una causa común para los Estados, los organismos internacionales y la sociedad civil. No nos quedemos callados.