El mensaje a la nación del presidente Daniel Noboa, presentado en los últimos días, ha generado un intenso debate sobre su significado y proyección. Expertos en comunicación, analistas políticos y líderes del sector productivo han coincidido en que, aunque su oratoria sorprendió por la estructura formal y por algunas definiciones conceptuales, su contenido dejó en el aire aspectos cruciales como las promesas electorales, las relaciones con la oposición y la hoja de ruta de su administración.

Alfonso Roggiero, estratega de comunicación política, señaló que Noboa está “inaugurando un estilo de política nada convencional”, destacando su decisión de mantener a un equipo ministerial con desempeño irregular. “Más allá de la continuidad de figuras, lo urgente es que cada ministro entregue un plan de acción concreto con tiempos y metas claras. Lo que realmente importa no es quién ejecuta, sino tener un gran plan nacional que se pueda implementar rápidamente y con impacto territorial”, indicó.

Por su parte, Andrés Ortíz, analista político y articulista de El Universo, advirtió que el discurso presidencial no despeja las dudas sobre el modelo de sociedad y de Estado que busca instaurar Noboa. “Omitió hablar de su promesa electoral más importante: una reforma constitucional. También dejó de lado la reforma a la seguridad social y no definió con claridad cómo se enfrentarán los desafíos económicos y políticos del país. Aunque al principio pensé que una Asamblea Constituyente era la salida, ahora creo que sería peligroso; es mejor avanzar con reformas o enmiendas que ya han sido tramitadas en la Asamblea”, reflexionó.

Desde Manabí, la periodista Elisa Sacoto expresó que “la gran pregunta es si el presidente está trazando un proyecto transformador o solo haciendo ajustes graduales. Su discurso habló de transformar, no de cambiar, y eso marca una diferencia importante porque implica un proceso lento pero decidido, que puede desilusionar a quienes esperaban cambios inmediatos”.

En el terreno económico, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, planteó una interrogante clave: “¿Puede el país expandir la minería al nivel que requiere su economía, considerando las restricciones constitucionales sobre los derechos de la naturaleza?”. Silva enfatizó que la minería, junto con los hidrocarburos, es uno de los motores que podrían reactivar la obra pública y dinamizar la economía. “El sector privado está llamado a generar empleo, pero el gobierno debe garantizar reglas claras para todos, y eso incluye al propio Estado”, añadió.

No obstante, Silva advirtió que cualquier intento por ampliar la minería a gran escala podría provocar tensiones políticas, especialmente con la bancada de Pachakutik, que defiende firmemente la protección del agua y la tierra.