La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional ha definido como prioridad la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según informó su presidenta, Nathaly Farinango. Esta iniciativa, que ya superó el primer debate, busca modernizar y dinamizar el sistema de contratación pública en el país.

Entre las principales modificaciones propuestas se incluyen la incorporación del principio de valor por dinero, el fortalecimiento de la contratación pública sostenible y del gobierno abierto, y la realización de estudios técnicos previos a los procesos contractuales. Además, se pretende mejorar la fiscalización de obras, ampliar los casos especiales de contratos de arrendamiento de locales y desarrollar un capítulo específico sobre la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.

La presidenta Farinango también recordó que está pendiente el segundo debate del proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, cuyo informe ya fue aprobado por la comisión. Esta normativa unifica 25 proyectos y busca fortalecer el accionar de los órganos de control, como las superintendencias, y de los entes que regulan la política financiera y monetaria, incluyendo el Banco Central del Ecuador. Asimismo, se enfoca en la protección de los usuarios del sistema financiero, la precisión de los medios de pago reconocidos, el acceso equitativo a los servicios financieros, la creación de un sistema de garantía crediticia y la regulación del registro de datos crediticios.

Otro tema que formará parte del plan de trabajo de la comisión es el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en Favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley N.º 047). Esta propuesta busca incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías generadas por la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de la Comisión de Régimen Económico por actualizar y mejorar el marco legal que regula la contratación pública y el sistema financiero en el Ecuador, con miras a una gestión más eficiente y transparente.