La Asamblea Nacional declaró improcedente y devolvió el pedido del conjuez Hernán Barros Noroña, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, para que el Legislativo se pronuncie sobre un eventual enjuiciamiento penal contra Esther Adelina Cuesta Santana, exasambleísta nacional.

El argumento central de la resolución es que Cuesta Santana dejó de ejercer funciones legislativas y, por tanto, la Asamblea carece de competencia legal para pronunciarse sobre su enjuiciamiento. Así lo estableció el informe jurídico Nº IJ-CGAJ-2025-2029-0002, elaborado por la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea.

La resolución fue presentada por la legisladora Esperanza Rogel, de Zamora Chinchipe, quien señaló que la medida responde al respeto de las garantías constitucionales que protegen a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, impidiendo que sean procesados por opiniones o decisiones adoptadas en el marco de su actividad legislativa.

Además, se notificará al conjuez Barros Noroña para que continúe con el proceso conforme a lo que determina la ley.

Durante el debate, el asambleísta Luis Molina, de Pichincha, recordó que los hechos investigados ocurrieron durante el período en el que Cuesta presidía de forma encargada la Legislatura. En ese sentido, planteó que el pedido debería archivarse, tal como ha sucedido en casos similares, en defensa de la inmunidad parlamentaria.