El fiscal Polivio Meneses, de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, solicitó el 19 de mayo de 2025 el archivo del caso por la desaparición forzada de David Romo Córdova, ocurrida en 2013. La madre del joven, Alexandra Córdova, denunció esta decisión como una muestra más de la impunidad que ha rodeado el caso desde entonces.

El pedido se basa en el numeral 3 del artículo 586 y el artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permiten el archivo de una investigación cuando exista un obstáculo legal insubsanable. Sin embargo, la familia sostiene que esta norma no aplica en delitos de lesa humanidad. El numeral 3 del artículo 585 del COIP establece que las investigaciones por desaparición forzada no pueden cerrarse hasta que la persona aparezca o existan elementos suficientes para imputar el delito. La familia Romo sostiene que en los 12 años transcurridos no hay imputados ni avances sustanciales.

David Romo desapareció el 16 de mayo de 2013. Su madre señala que la Fiscalía aún no ha agotado todas las líneas de investigación y que no se ha determinado su paradero. Alexandra Córdova recuerda que, en años anteriores, la fiscal Gina Gómez de la Torre rechazó intentos de archivo impulsados por el entonces ministro del Interior, José Serrano. La fiscal Gómez argumentó que los delitos que involucran agentes del Estado deben investigarse con rigor y no tratarse como casos comunes.

Según el artículo 80 de la Constitución ecuatoriana, los delitos de desaparición forzada son imprescriptibles. Esto significa que la Fiscalía está legal y moralmente obligada a continuar con la investigación. Córdova enfatizó que la responsabilidad de investigar no es opcional ni sujeta a conveniencia burocrática, sino un mandato legal, ético y humanitario.