Este 23 de mayo, el presidente Daniel Noboa afirmó en una entrevista que este año no habrá cortes de energía, gracias a un plan nacional de contingencia. Mencionó que los embalses hidroeléctricos, especialmente el de Mazar, han recuperado y superado sus niveles, y habló de nuevas inversiones extranjeras en energías renovables, así como de propuestas para instalar paneles solares en diversas zonas del país. Sin embargo, no dijo nada sobre Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande y emblemática del Ecuador, que aporta más del 30% de la electricidad nacional y ese silencio es preocupante.

Como señalé en una columna anterior, este megaproyecto no contempló los factores críticos que hoy comprometen su integridad física y su sostenibilidad. Es urgente que el Gobierno actúe con responsabilidad frente a una obra que, si bien fue concebida como símbolo de desarrollo energético, también arrastra una larga sombra de fallas estructurales, sobreprecios e impactos ambientales profundos.

Algunos se preguntarán: ¿cómo un proyecto hidroeléctrico que reduce la quema de combustibles fósiles y las emisiones de CO₂ puede ser ambientalmente cuestionado? La respuesta es que el debate ambiental no debe limitarse al cambio climático. Si bien es un eje central, la visión técnica y sistémica del ambiente abarca mucho más.

En el caso de Coca Codo Sinclair, hay al menos dos impactos ambientales críticos que siguen ignorados en el discurso oficial: 1) La alteración del caudal ecológico del río Coca, debido al desvío del río para la generación hidroeléctrica, ha reducido drásticamente el caudal aguas abajo. Esto ha dañado el ecosistema fluvial, afectando la biodiversidad acuática y los medios de vida locales, y 2) La erosión regresiva del río Coca, visible desde la entrada en operación del proyecto, ha acelerado el colapso de la infraestructura río abajo, afectando al oleoducto SOTE y provocando la desaparición de hitos naturales como el Salto San Rafael.

Ambos impactos son técnicamente advertidos y socialmente evidentes, pero el Estado no los ha enfrentado con la seriedad que exigen. La empresa constructora Sinohydro no ha asumido su responsabilidad por las fallas estructurales (más de 17.000 fisuras documentadas), mientras que CELEC EP, actual operadora, no ha transparentado avances concretos en las soluciones, al menos no de forma visible o pública.

Si el Gobierno realmente quiere marcar una diferencia, debe comenzar por asumir con valentía la gestión integral de este proyecto: lo técnico, lo ambiental, lo financiero y lo legal. Coca Codo Sinclair puede seguir siendo clave para la matriz energética nacional, pero el costo socioambiental de no corregir los errores conocidos puede ser inmenso e irreversible.