El pasado miércoles se instaló la nueva Asamblea Nacional (AN) con el objetivo de elegir a sus autoridades y organizar las comisiones legislativas para el inicio de la legislatura. Tanto el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como la mayoría de comisiones quedaron en manos del oficialismo y sus “aliados”.

Más allá de lo ocurrido en la Función Legislativa, y tras el anuncio de suspender temporalmente un posible proceso constituyente, el presidente Noboa no perdió tiempo y envió un proyecto de ley económica urgente que ha sido cuestionado por diversos sectores del país.

El denominado proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno presenta serios problemas. Y criticarlo no significa estar del lado de la mafia ni oponerse a una lucha real y efectiva contra el crimen organizado.

Para empezar, el proyecto parece buscar —no de manera muy constitucional— resolver el conflicto entre el presidente y la Corte Constitucional, que en varias ocasiones ha cuestionado los decretos de estado de excepción relacionados con el conflicto armado interno. Se pretende que el presidente tenga la facultad de reconocer este tipo de conflicto mediante decreto, sin ningún tipo de control de constitucionalidad.

En esa misma línea, se propone la creación de un “bloque de seguridad” —una instancia cuya estructura no se detalla— con atribuciones para emitir medidas en materia de seguridad, economía y finanzas. Ya existen organismos encargados de estas competencias, por lo que queda en duda la verdadera finalidad de este nuevo bloque.

Preocupan también las reformas planteadas a leyes clave como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de las Fuerzas Armadas, la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley contra el Lavado de Activos. Varias de estas propuestas vulneran principios fundamentales del Estado de derecho, el debido proceso y podrían habilitar prácticas extrajudiciales. Los indultos anticipados violan la presunción de inocencia; los allanamientos sin orden judicial ya están contemplados en ciertos delitos; y el uso de la fuerza por parte de policías y militares podría contravenir normas internacionales, por citar algunos ejemplos.

En conclusión, este proyecto no aborda las causas estructurales de la violencia y el narcotráfico, ni garantiza una mayor protección para la ciudadanía. Solo entenderemos sus verdaderas consecuencias cuando esa “mano dura” comience a afectarnos a nosotros —no a los criminales— y comprendamos lo que implica entregar más poder del que corresponde. Presidente, sí, pero no así.