La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional autorización para iniciar un proceso penal contra la ex presidenta del Legislativo, Esther Cuesta, en relación con el denominado caso Ligados. Esta petición se fundamenta en la necesidad de levantar la inmunidad parlamentaria de Cuesta, para lo cual se requieren 101 votos favorables en el Pleno de la Asamblea.

La investigación de la Fiscalía ha revelado conversaciones en chats entre Andrés Arauz, secretario de Revolución Ciudadana, y Augusto Verduga, exconsejero de Participación, en las que se menciona a Cuesta. Estas comunicaciones sugieren que, durante su gestión como presidenta del Legislativo, Cuesta habría participado en maniobras para impedir la posesión de Roberto Romero como Superintendente de Bancos, favoreciendo en su lugar a Raúl González.

La Asamblea Nacional dispone de un plazo de 30 días para responder a esta solicitud. Si no se emite una respuesta en ese período, se entenderá que la autorización ha sido concedida. Este procedimiento es similar al seguido en 2023 con el exvicepresidente Jorge Glas, cuando la falta de votos para levantar su inmunidad llevó a que la decisión recayera en el juez competente, quien procedió con el enjuiciamiento por peculado en el caso de reconstrucción de Manabí.