Esa es la gran interrogante que plantea el proyecto de ley económica urgente enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. La propuesta promete “pulverizar” las economías criminales, pero ha encendido las alarmas por su posible impacto en los derechos y libertades de los ciudadanos.

El abogado Jorge Peñafiel, exasambleísta y experto en legislación, analizó en el programa Ecuadorenvivo las luces y sombras del proyecto. Si bien reconoce que el combate al crimen organizado es una necesidad impostergable, advierte que la norma presenta inconstitucionalidades evidentes que deben ser corregidas. “Una ley no puede estar por encima de la Constitución. Si no se ajusta al marco legal, podría convertirse en un boomerang jurídico y político”, explicó.

El proyecto incluye medidas polémicas como allanamientos sin orden judicial, acceso ampliado a cuentas bancarias, y estados de excepción con nuevas atribuciones. Peñafiel insiste en que el contenido debe pasar por una “carpintería jurídica” seria antes de su aprobación para no comprometer la legalidad ni las garantías ciudadanas.

Desde el panel de Ecuadorenvivo, Alfonso Pérez subrayó el riesgo de que esta ley, pensada para este gobierno, sea usada más adelante por otros menos democráticos. “Una herramienta de control tan potente puede convertirse en un arma peligrosa si cae en manos equivocadas”, alertó.

A pesar de sus críticas, tanto Pérez como Peñafiel coincidieron en que el país necesita una legislación efectiva para combatir a las mafias. Pero insistieron en que no se puede sacrificar el estado de derecho en nombre de la seguridad. “Lo urgente no puede matar lo importante. El fin no justifica cualquier medio”, concluyó Pérez.

El debate está abierto. ¿Será esta ley el instrumento que el país necesita para frenar la violencia, o estamos frente a una amenaza latente para las libertades ciudadanas? La Asamblea tiene la palabra… y la responsabilidad histórica.