La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional comenzó el 21 de mayo de 2025 el estudio del proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, enviado por el Ejecutivo el 17 de mayo con carácter de urgencia económica.

La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita desmantelar los flujos financieros ilícitos que sostienen a grupos armados organizados en Ecuador. Propone medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a proteger a la ciudadanía, preservar la estabilidad del sistema económico y financiero del país, y fomentar la reactivación económica en las zonas afectadas.

Entre las disposiciones destacadas del proyecto se encuentra la creación del Bloque de Seguridad, una entidad liderada por el Presidente de la República o su delegado. Este organismo sería responsable de coordinar operativamente la planificación, ejecución y supervisión de acciones militares y de seguridad. Sus atribuciones incluirían la determinación de medidas económicas y financieras para desmantelar economías criminales, la recopilación de información de inteligencia para anticipar movimientos de grupos armados, la identificación de zonas de seguridad y la coordinación de medidas de seguridad física y cibernética para prevenir sabotajes y ataques a infraestructuras.

Además, el proyecto propone reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para imponer penas más severas a quienes integren o lideren grupos armados organizados. Durante la vigencia de un conflicto armado interno, se plantea que las personas que participen, directa o indirectamente, en un grupo armado organizado sean sancionadas con penas privativas de libertad de 22 a 26 años.

Los distintos sectores políticos representados en la Asamblea están preparando observaciones y recomendaciones al proyecto. Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), señaló la necesidad de analizar con detenimiento la propuesta, especialmente en lo referente a los juicios rápidos y la creación de judicaturas especializadas para tratar temas relacionados con el conflicto armado interno. Vera enfatizó que, para implementar estas medidas, el Estado deberá asignar recursos adecuados.

La Comisión de Desarrollo Económico tiene un plazo de diez días, hasta el 31 de mayo, para presentar el informe para el primer debate en el Pleno. Durante este período, se destinarán al menos cinco días para escuchar a grupos políticos y actores sociales que deseen aportar o que consideren que la propuesta podría afectarles.