Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) advierte sobre la creciente implicación de grupos delictivos organizados en la minería ilegal en Sudamérica, especialmente en Ecuador. Estas organizaciones no solo controlan la extracción de minerales, sino que también extorsionan a los mineros, diversificando así sus actividades ilícitas más allá del narcotráfico y el contrabando de armas.

El documento destaca que, a diferencia del tráfico de drogas, la minería ilegal permite a estas bandas beneficiarse de cadenas de suministro legales, facilitando la ocultación de sus operaciones ilícitas al mezclarlas con el comercio legítimo. Además, han establecido complejas redes transnacionales y empresas ficticias para blanquear las ganancias obtenidas de estas actividades.

Este informe se publica en un contexto de creciente violencia relacionada con la minería ilegal en Ecuador. El 9 de mayo de 2025, once militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada mientras realizaban operativos contra la minería ilegal en la provincia de Orellana. Este ataque fue atribuido al grupo armado Comandos de la Frontera, vinculado a actividades ilícitas en la región.

La ONU subraya los graves riesgos de delincuencia y corrupción asociados al incremento de la demanda de minerales esenciales para la transición energética, como el oro. Esta situación está impulsando la minería ilegal, con serias repercusiones sociales, económicas y medioambientales en países como Ecuador.