La Asamblea Nacional ya tiene en sus manos el primer reto legislativo del nuevo periodo: el tratamiento exprés de una ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa. Se trata del proyecto para “Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, que ingresó con carácter económico urgente el 17 de mayo de 2025.

El documento ya abrió debate desde su llegada. El primer escenario de discusión es el Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde se definió que si cumple con los requisitos técnicos y jurídicos. A partir de allí, el trámite tiene un camino claro, pero rápido.

Así avanza el proyecto paso a paso:

• La comisión especializada tendrá un plazo de 10 días para presentar un primer informe con observaciones. Al menos cinco de esos días deben destinarse a escuchar a actores sociales y expertos, especialmente por el impacto que puede tener esta norma en la ciudadanía.
• De vuelta en la mesa legislativa, la comisión contará con cuatro días para preparar el informe de segundo debate.
• Ese informe se distribuirá en 48 horas entre los 151 asambleístas, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, deberá convocar a sesión.
• Si en pleno debate se detectan vacíos o temas pendientes, el ponente podrá pedir una suspensión y volver a presentar el texto corregido en 48 horas.

La votación será clave: se necesitarán 77 votos para aprobarlo o archivarlo. Pero si en 30 días la Asamblea no toma ninguna decisión, el presidente puede promulgarla directamente y publicarla en el Registro Oficial.

¿Qué establece esta nueva ley?

El proyecto apunta a cerrar los caminos que permiten el financiamiento de grupos delincuenciales organizados, considerados como actores del conflicto armado interno. Entre sus puntos clave están:

• Reforma al sistema financiero para permitir un mayor control sobre transferencias y operaciones sospechosas.
• Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que ahora tendrá mayor autonomía y herramientas para rastrear movimientos ilícitos.
• Nuevas facultades para la Fiscalía y la Policía para intervenir bienes, cuentas y empresas vinculadas a redes delictivas.
• Obligación para instituciones públicas y privadas de reportar operaciones inusuales, especialmente en sectores como construcción, minería, telecomunicaciones, comercio y transporte.
• Medidas para impedir que bienes decomisados vuelvan al control del crimen organizado.

Esta ley también reconfigura los controles tributarios y aduaneros, y permite a la administración pública cancelar contratos o impedir licitaciones a empresas ligadas al lavado de activos o financiamiento ilícito.