La primera gran apuesta legislativa del presidente Daniel Noboa ya enfrenta cuestionamientos. La ‘Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno’, remitida con carácter urgente a la Asamblea el pasado 17 de mayo, no contempla cooperación internacional para rastrear dinero en paraísos fiscales ni refuerza al sistema judicial, según alertó Carla Álvarez, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

“Los flujos económicos de las organizaciones criminales son transnacionales, no son locales, y en la Ley no se habla nunca de cooperación transnacional para hacer seguimiento de dineros en paraísos fiscales. Esto es una omisión total”, afirmó Álvarez este martes 20 de mayo en Teleamazonas.

Para Álvarez, la estrategia de atacar a los grupos armados desde el frente económico es acertada, pero el proyecto pierde fuerza al no incorporar medidas preventivas ni fortalecer la justicia. “La Ley adolece de una perspectiva preventiva y esto la debilita”, señaló.

También cuestionó que el proyecto no incluya mayor respaldo ni recursos para el sistema judicial, lo que podría perpetuar la impunidad. “No se garantiza el adecuado y oportuno castigo”, advirtió.

Además, expresó su preocupación sobre un posible uso excesivo de la fuerza sin control institucional, ya que la Ley contempla allanamientos y detenciones sin orden judicial, y aumentos de penas que, según ella, podrían atentar contra los derechos humanos.

“La Ley no está diseñada para controlar a las Fuerzas Armadas y la Policía”, dijo. “Su trasfondo es un fortalecimiento del uso de la mano dura”.

Durante la entrevista, Álvarez reveló que sometió el proyecto de Ley a un análisis con ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI. El resultado, según contó, fue claro: “La Ley adolece de medidas de control para la fuerza pública y hay posibilidades de que se cometan excesos que generen impunidad”.